El exfiscal Ignacio Stampa, que se ocupaba del caso Villarejo desde 2017, ha reclamado una indemnización ante el Ministerio de Justicia por lo que considera el "funcionamiento anormal" de la Fiscalía General del Estado, en lo que respecta a la investigación que se abrió contra él por una presunta revelación de secretos a Podemos, y que desencandenó su salida de Anticorrupción.

El exfiscal Stampa considera que la gestión de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, le ha perjudicado a nivel profesional y ha dañado su imagen, por lo que ha presentado una reclamación de "responsabilidad patrimonial", un escrito presentado ante la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, el 27 de octubre, un año después de que el Consejo Fiscal, al que acusa de manipulación y corrupción, rechazara adjudicarle una plaza fija en Anticorrupción, manipulación y corrupción en el Consejo Fiscal, según adelanta El Confidencial.

En julio de 2020, la Fiscalía Superior de Madrid comenzó a investigarle por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con el contenido de un chat en Telegram, en el marco del caso de Dina Bousselham, en el que el equipo de abogados de Podemos se refería a reuniones mantenidas con el entonces fiscal del proceso contra Villarejo.

Stampa explicó en una carta remitida a la Asociación de Fiscales, en marzo, que ninguno de los vocales del Consejo Fiscal apoyó su salto a una plaza fija en Anticorrupción el 27 de octubre de 2020 porque no fueron informados de que la Fiscalía Superior de Madrid había propuesto el archivo de las diligencias de investigación contra él. "Aun cuando no fuera preceptivo informar a los vocales de lo anterior, también consta que no fueran informados de que dicho archivo había sido rechazado por la Fiscalía General del Estado, en la primera ocasión para sugerir el 8 de octubre la práctica de más diligencias, pero en la segunda ocasión sin motivo alguno", afirmó en su misiva.

Responsabiliza a Dolores Delgado

"Se volvió a sugerir desde la Fiscalía General del Estado la práctica de diligencias el día 2 de diciembre, que no guardaban relación con las nuevas denuncias acumuladas, sino con la misma que dio origen a la investigación", continuó explicando Stampa en su carta, en la que responsabiliza a Dolores Delgado de la prórroga de las diligencias hasta el 23 de diciembre cuando el plazo de las mismas vencía el 9 de enero de 2021.

El exfiscal de Anticorrupción se ampara en el artículo 121 de la Constitución, que establece que "los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado". Además, en los artículos 292 y 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, referidos al funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.

Stampa considera que la fiscal general del Estado debió inhibirse en su proceso porque su pareja, Baltasar Garzón, es parte interesada en el caso Villarejo. En un audio grabado por el excomisario en 2009 se escuchaba a Dolores Delgado y su actual pareja sentimental, Baltasar Garzón, compartir confidencias sobre él durante una comida en el restaurante Rianxo de Madrid. Además, el despacho profesional de abogados del exjuez de la Audiencia Nacional ha ejercido la defensa de varios investigados en la causa, entre ellos, Enrique García Castaño, alias 'el Gordo'.