Soraya Sáenz de Santamaría vuelve al mercado privado. Tras su derrota frente a Pablo Casado en el Congreso Nacional del Partido Popular, la que fuera todopoderosa vicepresidenta del Gobierno de Mariano Rajoy dejó su acta de diputada y se apartó de la política. Ahora se incorpora al bufete de abogados Cuatrecasas, donde “asesorará a empresas”.

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Tal y como ha informado ElPlural.com, Emilio Cuatrecasas se libró de la cárcel por un pacto con Fiscalía y Abogacía del Estado cuando Sáenz de Santamaría era vicepresidenta. Una querella, presentada un día antes de que Rajoy llegara a Moncloa, pedía más de 20 años de prisión por ocho delitos fiscales y acabó en una condena 24 meses.

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Lo más llamativo es que Sáenz de Santamaría incumple con su fichaje la incompatibilidad de dos años que ella mismo defendió en rueda de prensa (ver vídeo). Fue el 13 de julio de 2012 cuando, dentro de las medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, su Gobierno cambió la ley endureciendo las incompatibilidades y regulando de forma restrictiva la indemnización a la que tenían derecho determinados altos cargos como los miembros del Gobierno, los secretarios de Estado, los presidentes de las Cámaras y los presidentes y consejeros de los organismos reguladores.

De hecho, únicamente tres de los 95 altos cargos del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero que fueron cesados con la llegada del PP y que cobraban otro sueldo eligieron seguir percibiendo la indemnización por cese cuando se estableció que esa retribución a la que tenían derecho por un máximo de dos años no podrían compatibilizarla con ninguna otra, ya fuera pública o privada.

Esa indemnización por cese está fijada en el 80 por ciento del sueldo que recibían por ocupar sus cargos y en la mayoría de los casos oscilaba entre los 70.000 y los 80.000 euros. Se cobraba durante el mismo tiempo que tuvieron esa responsabilidad, hasta un máximo de dos años y, hasta la reforma del mes julio de 2012 que anunció Soraya Sáenz de Santamaría, podía cobrarse aunque también se percibiera otro sueldo público o privado.

Una vez que se aprobó la incompatibilidad, el Gobierno avisó por carta a todos los afectados de que tendrían que optar entre la pensión indemnizatoria o la percepción de cualquier otra retribución pública o privada o pensión de jubilación o retiro.

Nueva regulación 

Casi tres años después, el 30 de marzo de 2015, el Gobierno de Sáenz de Santamaría modificó la ley de incompatibilidades.

Así, en el artículo 15 de la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado se prohibió expresamente a los altos cargos ejercer en una empresa privada durante dos años si alguna de las decisiones tomadas como alto cargo afecta a dicha empresa.

“Los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado.

La prohibición se extiende tanto a las entidades privadas afectadas como a las que pertenezcan al mismo grupo societario”, reza.