Bajan revueltas las aguas en el Gobierno de colación. La campaña elecciones catalanas pusieron a prueba su solidez y las grietas han aflorado. PSOE y Unidas Podemos han comenzado el curso político a la gresca. Varios son los frentes abiertos y no de fácil solución. Las declaraciones del vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, sobre la normalidad democrática de España prendieron la mecha y, desde entonces, la tónica habitual es el cruce de declaraciones.

Hasta el inicio de la campaña de las elecciones catalanas la convivencia era plácida, pues en una situación de pandemia no es difícil ponerse de acuerdo. Socialistas y morados aparcaron sus diferencias para afrontar el coronavirus y, con algún que otro desacuerdo puntual, lograron mantenerse unidos. Pero fue arrancar el curso 2021 y con el plan de vacunación ya en marcha y el 14F en el horizonte optaron por desenterrar el hacha de guerra.

Una conjura inútil

Las críticas de Unidas Podemos al precio de la luz culpando a los socialistas, el descaro de éstos adelantándose a Irene Montero con una Ley de Igualdad de trato, la polémica reforma del cálculo de las pensiones, la dimisión de Salvador Illa como ministro y su candidatura para encabezar el Govern de la Generalitat, la renovación del CGPJ… Muchos asuntos han agitado en las últimas semanas la relación entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. La tónica habitual desde que comenzó el año viene siendo el enfrentamiento entre ministros de distinto color. El cariz adquirió tal voltaje que ambos partidos consideraron oportuno celebrar un cónclave el pasado miércoles a puerta cerrada para limar asperezas.

Por parte del PSOE acudieron la ministra de Hacienda, María Jesus Montero; la portavoz parlamentaria Adriana Lastra, el secretario general de Presidencia, Félix Bolaños; y el número dos de Lastra, Rafael Simancas. De los morados, acudieron seis: Irene Montero, ministra de Igualdad; Pablo Echenique, portavoz en el Congreso; Nacho Álvarez e Ione Belarra, los dos secretarios de Estado de la vicepresidencia social de Pablo Iglesias; Jaume Asens, representante de los comunes; y Enrique Santiago, secretario general del PCE.

La cita sirvió, en primer lugar, como ring. Ambas formaciones se reprocharon su actitud y gestos. Los socialistas lamentaron que no podían ejercer de Gobierno y oposición simultáneamente mientras los morados denunciaban que no les tenían en cuenta en todas las cuestiones. De allí salieron con dos lecturas bien distintas: los primeros, con la certeza de que no debían airear los trapos sucios públicamente; los segundos, con la necesidad de engrasar la coordinación y transparencia como norma regidora de la coalición.

“Hemos acordado reducir el nivel de dramatismo en público”, resumían los socialistas. “Hemos pactado que tenemos que estar en todas las decisiones”, sintetizaban en Unidas Podemos.

Poco duró la conjura. Una semana después, Iglesias pronunció sus ya famosas palabras sobre la “normalidad democrática” del país. Y cuando parecía que la polémica llegaba a su ocaso, la excarcelación del rapero Pablo Hasel provoca un nuevo cisma. Mientras dirigentes morados alientan las protestas y algunos como Pablo Echenique evitan condenar la violencia, Pedro Sánchez se pronuncia en un sentido diametralmente opuesto.

Puñalada a Igualdad

La pugna más encarnizada entre ambos partidos tiene su génesis en la proposición polémica proposición de ley de igualdad de trato y no discriminación registrada con nocturnidad y alevosía por el Grupo Socialista.

La denominada ley Zerolo provocó un gran revuelo, pues UP había acordado con el PSOE profundizar en una norma de este calado y presentarla juntos. Sin embargo, los socialistas se apresuraron a iniciar los trámites del articulado sin tener en cuenta a la Dirección de Igualdad de trato, que pertenece al Ministerio de Igualdad, cuya ministra es Irene Montero.

Los de Sánchez defenestraron meses de negociaciones y avances para tomar la delantera en un asunto capital para ellos. Los morados manifestaron su “enorme malestar” y, pese a que las asociaciones y ONGs instaron a ambas formaciones a aparcar sus diferencias y mejorar la ley, los de Pablo Iglesias insisten en que se saltaron el pacto de Gobierno, maniobraron a sus espaldas y no se les tuvieron en cuenta.

Fuentes del Ministerio de Igualdad señalan a este periódico que “ya dijimos hace un mes, cuando se registró unilateralmente, que era saltarse el acuerdo de gobierno y romper siete meses de negociaciones”.

“Las prisas con las que se registró unilateralmente la ley quizás puedan tener que ver con el bloqueo a las leyes LGTBI y Trans”, censuran. Cabe recordar que la cartera dirigida por la ministra Irene Montero tenía previsto llevar al Consejo de Ministros del próximo 23 de febrero tanto el anteproyecto de la ley Trans junto a la ley LGTBI. Sin embargo, desde Igualdad han acusado a la vicepresidenta, Carmen Calvo, de bloquear ambas. Es la vicepresidenta quien decide los asuntos tratados en el Consejo de Ministros.

“El PSOE debe dejar de bloquear la tramitación de la ley LGTBI y la ley Trans y debe respetar el acuerdo de Gobierno en materia antidiscriminatoria”, denuncian desde Podemos.

Otro asalto

Con la herida de Igualdad aún sangrando se ha abierto otro frente: la renovación del CGPJ. El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha confirmado que el PP está negociando con el PSOE la renovación de la cúpula judicial manteniendo a Iglesias “al margen” y aceptando así sus premisas.

A buen seguro que a Podemos no le gustará el gesto, que no es sino una de las tantas agresiones mutuas.