Consumido el grueso del Debate del Estado de la Nación es el momento de las resoluciones. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha esbozado dónde estamos y hacia dónde se dirige Moncloa, manteniendo un cara a cara con todos los portavoces de los grupos parlamentarios. Una vez escuchadas todas las intervenciones, los partidos han dispuesto de 30 minutos para registrar un máximo de 15 resoluciones cada uno que el Congreso habrá de ordenar, evaluar, valorar y, en última instancia, votar. Una suerte de mini contratos que forzarán al Ejecutivo a cumplir con lo que el hemiciclo apruebe. A juzgar por las resoluciones presentadas por los socios del PSOE, a saber, Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu, estos no han quedado del todo satisfechos con los anuncios del presidente.

Sánchez propinó un importante golpe de efecto durante su discurso inicial anunciando la creación de dos nuevos impuestos, uno para las entidades bancarias y otro para las grandes energéticas. Las figuras impositivas serían temporales, con una duración de dos años, en concreto, 2023 y 2024. Se recaudarán del orden de 7.000 millones de euros en ese lapso de tiempo, engrasando el erario público y permitiendo profundizar en más ayudas económicas. Sin embargo, pese a que la formación morada y el independentismo catalán y vasco lo han celebrado, creen que no es suficiente.

Instan a Sánchez a crear una empresa pública de energía

Los tres partidos han registrado sendas resoluciones instando al Congreso a crear una empresa pública de energía para revertir el alza de los precios, atajar la crisis climática apostando por las renovables y acelerar la transición ecológica. En el caso de Esquerra y EH Bildu, la propuesta es conjunta e incluye, también, que el impuesto a las energéticas se aplique “inmediatamente” y de forma permanente.

Unidas Podemos recuerda en el documento registrado que elprecio de la energía se ha disparado, inflando los beneficios de las empresas que conforman el oligopolio eléctrico en España. A su juicio, esto pone de manifiesto “la importancia de la intervención pública en el sector eléctrico”. En este sentido, recuerdan que 32 de las 50 mayores empresas del sector eléctrico cuentan por participación pública: Hydro-Quebec en Canadá (100% del Estado); Tennessee Valley Authority (TVA) en Estados Unidos, compañía que opera en Alabama Georgia, Kentucky, Misisipi, Carolina del Norte y Tennesse; y el último y más cercano ejemplo, la nacionalización de Francia de EDF. “Esto demuestra que es posible”, remachan.

Tres serían las ventajas de la creación de una empresa nacional de electricidad: el impacto en los precios, que serían más competitivos; la lucha contra la crisis climática y la transición energética. Por no hablar de cómo las grandes compañías están engrasando sus cuentas a costa del bolsillo de las class populares: “Mientras España sufre una crisis de precios de la energía sin precedentes, las seis empresas energéticas del IBEX 35 ganaron 10.117 millones de euros en 2021, cuadruplicando resultados con respecto a 2019”.

Es por ello que urgen al Estado a asumir las concesiones hidroeléctricas una vez se extingan, a participar en la creación de nuevas plantas de generación de electricidad con energías renovables y actuar de comercializador. Todo gestionado a través del Ministerio de Transición Ecológica y con un plazo máximo de un año.

Un impuesto perenne

Esquerra y Bildu, en su resolución, también abundan en la necesidad de “garantizar la seguridad y calidad” del suministro, así como de lograr los objetivos de descarbonización y unos precios competitivos actuando a través de una empresa nacional.

“El incremento exponencial del precio de la luz y gas es un fenómeno global”, admiten, pero España atesora ciertas particularidades que se agravan por la no colaboración del oligopolio. En consecuencia, los independentistas republicanos y la izquierda abertztale ha solicitado al Congreso que apremie a Moncloa a “gestionar desde el sector público a través de empresas estatales y/o autonómicas las centrales hidroeléctricas” para evitar fraudes en las ofertas de generación de electricidad.

Asimismo, deslizan que el impuesto a las compañías energéticas habría de implementarse de manera inmediata y sin límite temporal.

A primera hora de este jueves, a las 09:00, se reunirá la Mesa del Congreso para calificar las propuestas de resolución presentadas. Después, a las 09:30, la Junta de Portavoces hará lo propio para ordenar el debate sobre las propuestas de resolución. A las 10:00 horas se reanudará la sesión y cada grupo intervendrá siguiendo un orden inverso, de menor a mayor, teniendo 15 minutos para fijar postura sobre las votaciones.