Cuando Soraya Sáenz de Santamaría desfiló por la Sala del Tribunal Supremo para declarar como testigo en el juicio del procés, nadie salvo ella era consciente de que su futuro iba a cambiar radicalmente. La exvicepresidenta del Gobierno acudió al Alto Tribunal sabiendo que ya era miembro del bufete Cuatrecasas.
Esta noticia, precisamente, ha desatado la caja de Pandora. Su efecto onda expansiva ha causado más daño a la que fuera mano derecha de Mariano Rajoy. Las informaciones relacionadas se han multiplicado como la espuma.
El lunes, según se conoció el ‘fichaje’ de la ex popular, ElPlural.com adelantó que Cuatrecasas se libró de un más que probable ingreso en prisión después de que la Fiscalía le acusara de varios delitos fiscales en 2011. Su ‘milagro’ se obró cuatro años después, cuando acordó, tanto con la Abogacía del Estado como con el Ministerio Público para que los 20 años se rebajaran a 24 meses y, así, esquivar la cárcel.
Al Supremo con el futuro resuelto
Esta vez, la historia no tiene al bufete ni a ningún miembro suyo como protagonistas, sino a la propia exvicepresidenta del Ejecutivo. Y es que el pasado 27 de febrero, la cúpula gubernamental marianista volvía a escena para testificar en el proceso contra el independentismo catalán.
El presidente de la Sala, Manuel Marchena, tuvo que avisar en reiteradas ocasiones a la ex número dos de Mariano Rajoy durante su testifical. El magistrado entendía que su declaración contenía excesivas evasivas. Sin embargo, en aquel mediático 27 de febrero, nadie se imaginaba que había algo más detrás.
A día de hoy, según ha publicado Carlos Segovia en El Mundo, la ex vicepresidenta del Ejecutivo declaró ya como nueva incorporación del bufete Cuatrecasas, a expensas de hacerse oficial y de deshacerse del último escollo que le quedaba en su camino a la puerta giratoria de la empresa privada.
Antes de esta declaración, Soraya Sáenz de Santamaría acudió a la Oficina de Conflictos de Intereses para solicitar el pertinente permiso que le otorgara un pasaporte al bufete de una manera completamente legal.
A principios de febrero, la exvicepresidenta del Ejecutivo solicitó el visto bueno para incorporarse a una empresa privada y este informe fue emitido a principios de marzo y que ha sido favorable. Además, podrá seguir siendo Consejera de Estado.
