El exministro de Trabajo y expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana fue detenido durante la mañana del martes por delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. Un nuevo imputado para el Partido Popular (y la cifra ya ronda los cuatro dígitos). Pero el de ayer no iba a ser un día más en la oficina. Los populares acostumbran a pedir cautela y esperar a las decisiones judiciales y las sentencias en firme para censurar públicamente a un salpicado por corrupción. Pero con Zaplana, la consigna ha sido bien diferente. Ya no es que Mariano Rajoy no le enviara un mensaje de apoyo tal que “Eduardo, sé fuerte”, sino que le suspendieron de militancia de inmediato, airearon rumores que vinculaban a Zaplana con Albert Rivera y Ciudadanos y le trataron como un perfecto desconocido.

Con este escenario como telón de fondo, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha presumido de la “agilidad” con la que el PP ha atajado el asunto y ha suspendido de militancia al expresidente de la Generalitat Valenciana. En declaraciones en los pasillos del Congreso, Sáenz de Santamaría ha recordado que Zaplana lleva diez años sin ocupar ningún puesto de responsabilidad en el PP, cargos que ocupó precisamente una parte de la actual dirección del partido.