Carles Puigdemont, “el presidente en el exilio”, como se presenta a si mismo, es el más obstinado adversario del diálogo entre el gobierno central y la Generalitat. A las pocas horas de que el ministro Félix Bolaños y la consellera Laura Vilagrà acordaran reconsiderar la metodología de la Mesa de Negociación para recomenzar, Puigdemont aprovechó su mensaje de Sant Joan para conminar al auténtico presidente de la Generalitat a que “admita de una vez por todas” que el diálogo no tiene futuro. No es ninguna novedad, la noticia es que el oráculo de Waterloo encuentra cada vez menos atención mediática. Ante la perspectiva de convertirse en un acto rutinario, arrecian los rumores de su regreso a Cataluña.

El runrún de su retorno es uno de los guadianas de la crónica política catalana. Desde que dejó la presidencia de Junts para auto investirse como símbolo de la unidad inexistente del independentismo la hipótesis del regreso ha retomado cierta fuerza entre los suyos, aunque sin concretarse el tiempo y la forma de esta operación. Probablemente, Puigdemont ha soñado en hacerlo como Tarradellas, en coche descapotado y camino del Palau de la Generalitat, pero el Palau está legítimamente ocupado por Pere Aragonés y el Tribunal Supremo le espera en Madrid. La paradoja es que el gran adversario del diálogo por considerar España “un estado con los fundamentos podridos, una democracia insana” tendrá que negociar (en secreto claro) con dicho estado las condiciones de su vuelta a casa.

El retorno de Puigdemont, su comparecencia ante el TS y su eventual ingreso en prisión a la espera de juicio podría ser la última, o la penúltima, jugada maestra del legitimismo para intentar forzar a ERC al reagrupamiento del movimiento independentista bajo el liderazgo del ex presidente de la Generalitat. Él viene reclamando esta unidad como alternativa al diálogo. “La fórmula la sabemos y aquel día, ganamos”, afirmó el presidente del Consell per la República en su último mensaje, sin entrar en detalles sobre en qué consistió la supuesta victoria.

El impacto de la presencia de Puigdemont en Cataluña, primero en la cárcel, pero después en la calle, supondría un terremoto para los republicanos y permitiría a Puigdemont calibrar sobre el terreno su crédito político entre el independentismo, para una nueva unilateralidad o cara al futuro electoral de las post-inhabilitaciones. La convivencia entre un presidente legítimo y legal (Pere Aragonés) y el legítimo presidente de Cataluña (Carles Puigdemont) sería cuando menos rocambolesca para los catalanes y para el gobierno central. La dicotomía sería todavía más insostenible si la presidencia de la Generalitat ya no fuera ocupada por un independentista, una opción, de todas maneras, poco probable a corto plazo.

La rumoreada operación retorno de Puigdemont puede que sólo sea un farol para poner de los nervios a ERC, muy indecisa en su propia táctica. El diálogo es su apuesta diferenciadora, sin embargo, los muchos accidentes del camino le llevan a la amenaza continua de descolgarse de la Mesa o a fabular sobre las expectativas de dicho diálogo. De la última reunión, de carácter exploratorio, entre el ministro Bolaños y Vilagrà, la consellera concluyó que tomaba cuerpo el estudio de una “agenda anti represiva”, sorprendiendo al ministro con una tesis propia del lenguaje habitual del independentismo. La aceptación de esta versión de la reunión supondría reconocer por parte del gobierno Sánchez que existe una “agenda represiva” contra el independentismo, lo que Bolaño negó al instante.

El punto de encuentro, tal vez involuntario, de lo que puede ofrecer el diálogo institucional gobierno-Generalitat y los planes rumoreados de Puigdemont es la modificación del concepto de sedición en el Código Penal. Esta reforma aceptada y aplazada sucesivamente por el gobierno Sánchez es uno de los objetivos de sus socios de Unidas Podemos. ERC priorizó los indultos, ahora sub iúdice en el TS. El proyecto reaparece como una de las escasas bazas de la Mesa de negociación para retomar impulso y credibilidad, al menos para los republicanos, acosados continuamente por Junts y sus críticas al “diálogo inútil y contraproducente” para la salud del movimiento. Una de las consecuencias de esta reforma del delito de sedición es que podría aclarar el panorama de Puigdemont ante sus dudas metódicas.