Fotografía de archivo del 9 de marzo de 2011 de la secretaria autonómica de Comunicación de la Generalitat, Dolores Johnson, que ha presentado hoy su dimisión tras ser citada como imputada por un juzgado que investigará a varios exdirectivos de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) por un supuesto delito de malversación en la gestión del ente público. EFE
La secretaria autonómica de Comunicación de la Generalitat, Lola Johnson, ha presentado su dimisión tras ser citada como imputada por un juzgado que investigará a varios exdirectivos de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) por un supuesto delito de malversación en su gestión y un agujero de 1.300 millones de euros. El presidente valenciano, Alberto Fabra, que rescató el año pasado a la que fue mano derecha en Comunicación de Camps, no tenía otra alternativa si quería mantener su discurso de adalid contra la corrupción. Un discurso que no se corresponde con la realidad del PP valenciano. Fabra comparte bancada en las Corts con un elevado número de imputados e implicados en corrupción, incluido el presidente del Parlamento regional, Juan Cotino. La semana pasada, el número dos del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, fue imputado en el caso Nóos y continúa en su cargo.
Johnson asegura que siempre actuó dentro de la legalidad
En un comunicado, Lola Johnson, que fue directora de la televisión valenciana entre 2009 y 2011, manifiesta su total disposición a colaborar con la justicia y asegura que todas las actuaciones a lo largo de su vida profesional se han ajustado a "la legalidad y a la defensa del interés general". Además de Johnson, el juzgado ha citado a declarar como imputados a otros cuatro exdirectivos de RTVV por la posible comisión de delitos de apropiación indebida, administración desleal y malversación de caudales públicos, e investigará concretamente un supuesto "agujero" de 1.300 millones de euros.
Dimite "para no perjudicar la imagen del Consell"
Johnson afirma que, ante el conocimiento "a través de los medios de comunicación de una denuncia presentada por Compromís, y la citación a declarar el próximo 8 de julio, presento mi dimisión como secretaria autonómica de Comunicación, con efectos de 23 de mayo". Afirma igualmente que toma esta decisión "para no perjudicar la imagen del Consell y para que nadie pueda utilizar en su propio beneficio esta denuncia".
Se investigan sólo los años entre 2010 y 2013
El portavoz de Compromís en Les Corts, Enric Morera, explicó ayer en rueda de prensa los detalles de la denuncia presentada por su grupo en marzo y por la cual la juez de Paterna ha citado a declarar en julio a los exresponsables de la extinta radiotelevisión pública valenciana Lola Johnson, Luis Redondo, Lluís Motes, Nuria Romeral y José López Jaraba. Los hechos que ahora se investigarán comprenden desde 2010 hasta el cierre de RTVV en 2013 y otros posibles delitos anteriores a esta última etapa.
El saqueo
Según explicó Morera, el "modus operandi" que habría desembocado en ese "agujero" económico consistía en que RTVV, ante los "excesos" presupuestarios generados cada ejercicio por las contrataciones irregulares o injustificadas que realizaba, asumía ese déficit como pérdidas y acometía una ampliación de capital que, a su vez, asumía la Generalitat. Esas contrataciones de RTVV "fuera de presupuesto" eran reiteradas y fue especialmente significativo el caso de 2006, ejercicio en el que tuvo lugar la visita del Papa a Valencia, cuya organización por parte del ente público también está siendo investigada por la Justicia en el marco del caso Gürtel.
Consejera de Turismo, portavoz y secretaria de Comunicación
En junio de 2011 el entonces president de la Generalitat, Francisco Camps, remodeló su gobierno y nombró a Johnson, que hasta entonces había estado al frente de la televisión autonómica, consellera de Cultura, Turismo y Deporte, además de ejercer las funciones de portavoz del gobierno valenciano. Posteriormente, y ya durante la Presidencia de Alberto Fabra, dejo de ser portavoz pero mantuvo la Conselleria hasta diciembre de 2012. El propio Fabra la recuperó como secretaria autonómica de Comunicación el pasado diciembre.