El equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, podría volver a adjudicar el contrato sobre la gestión de su centro de reclusas a Horizontes Abiertos, de la que formaba parte anteriormente Rodrigo de Santos, condenado por abusos sexuales; y Lola Navarro, actualmente en el Ayuntamiento de Madrid.
Tal y como contaba en primicia ElPlural.com, de cerrarse el acuerdo -al que, por el momento, se ha presentado únicamente esta firma- sería el tercer pliego con el que se haría la fundación. Según ha podido saber este periódico, la ONG también gestionaría otras cuestiones que, lejos de ser menores, suponen un agravante a la polémica, siendo uno de ellos -y otra vez, como en el caso de las residencias de mayores o los centros de menores-, el de la comida.
Así lo denuncia en conversaciones con este medio de comunicación la portavoz de Política Sociales del PSOE de Madrid (PSOE-M), Lorena Morales, quien lamenta que los menús que reciben las reclusas, algunas de ellas con hijos, son “mucho peores” que los de los otros lugares anteriormente mencionados. “Por cinco euros pretende dar cocinados y servidos cuatro menús diarios (…) Del pliego de 2021 al actual no va a aumentar un solo euro de dinero en este sentido”, expone la persona que pone pie en pared contra el modus operandi del Ejecutivo de Sol.
“Hermetismo total”
En otro orden de cosas, la diputada socialista afea a la región que, como también hace respecto de otros lugares como el hospital Isabel Zendal o algunos colegios que no pasan las inspecciones técnicas, impidan su visita. “El hermetismo es total”, evidencia Morales.
En la explicación que da la Comunidad de Madrid para impedir esta visita alude que se trata de un centro con una “ubicación protegida que no se puede difundir a personas externas a las trabajadoras de la Red y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, formado por “varias ubicaciones donde residen por una parte reclusas y en otro centro ex reclusas cuya situación implica una especial protección de su intimidad debido a esta condición”; y que “a los centros residenciales de mujeres víctimas de violencia de género no deben acceder personas ajenas a su proceso de intervención, especialmente varones”.
“No entiendo nada. Nunca dije que fuera a ir un diputado hombre. De hecho, íbamos a ir solo mujeres y las diputadas tenemos deber de discreción (…) Y lo de las molestias también es incomprensible”, indica la responsable del partido que a nivel regional capitanea Óscar López.
Una fundación polémica
Horizontes Abiertos se ha presentado a la gestión de otros centros de emergencia de violencia de género, en ocasiones como única firma (como sucede en la presente ocasión).
La polémica viene de lejos, ya que De Santos fue imputado en 2018 -fue promesa del PP en Baleares y llegó a teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma, así como concejal de Urbanismo-, cuando aparecía como investigado en una causa por haber usado su puesto en una ONG para coaccionar a presos en tercer grado y obligarlos a mantener relaciones sexuales bajo la amenaza de informar en contra de su libertad a Instituciones Penitenciarias y que no volvieran a salir.
Tres años más tarde, fue condenado a dos años de prisión por la Audiencia Provincial de Madrid por abusos sexuales a un preso al que debía tutelar como coordinador de la institución. Por aquel entonces, el expolítico ya tenía antecedentes penales por haber abusado de un menor, pero sus delitos iban más allá, y es que había gastado 50.000 euros de dinero público en prostitución durante su etapa como edil en Mallorca. Autodeclarado activista ultracatólico, De Santos se ha mostrado abiertamente en contra del matrimonio homosexual, entre otras cuestiones.
La otra persona polémica en la institución era Lola Navarro, acusada de pasar por alto en un principio los comportamientos del exregidor y que, si bien abandona la fundación; es premiada con un puesto en el Consistorio de Cibeles. En todo este maremágnum, se erige una tercera persona: Jaime García-Legaz, antiguo vicesecretario de Estado del PP y que después volvería a la controvertida institución.
A más a más, no hay que pasar por alto que este y otros enclaves subrayar que éste y otros lugares vienen financiado gracias al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, por el que el Gobierno de Pedro Sánchez concede dinero a las comunidades autónomas para luchar por esta lacra, pero recriminan a Ayuso que no destine esos fondos para proteger realmente a las mujeres.
