El bufete de abogados que preside Albert Rivera, Martínez-Echevarría, ha enviado una demanda de rectificación a Rubén Sánchez, secretario general y director de Comunicación de FACUA, con motivo de un tuit que publicó en su cuenta personal de Twitter con el presunto vaciamiento patrimonial del juez Francisco Serrano, ex de Vox, tras lograr la ayuda pública de 2,48 millones de euros por la que está siendo investigado por un juzgado de Sevilla por posible fraude de subvenciones.

“Es una estrategia para intentar silenciarme y amedrentarme teniendo en cuenta que estoy contando lo que estamos reclamando como acusación popular en la causa contra el juez Serrano”, señala Rubén Sánchez en declaraciones a ElPlural.com. Además, indica que esta demanda “no tiene ningún sentido”, ya que asegura que se está concibiendo su cuenta personal de Twitter “como si fuera un medio de comunicación social”. “La publicación que pide que rectifique no es la publicación de un medio, es un tuit que lanzo sin ningún enlace y en el que cuento y explico lo que he pedido como acusación popular”, añade.

“Si quiere, que me interponga una demanda por intromisión ilegítima al derecho al honor, que estoy convencido que si lo hace la perderá, al igual que si lo hace presentando una por injurias y calumnias”, remarca el secretario general de FACUA. No obstante, Sánchez confía en que esta demanda se desestime y lo condenen porque “en la propia demanda, el juez Serrano plantea falsedades clarísimas, que son las mismas que ha planteado como estrategia de defensa en la instrucción judicial en la causa que tiene abierta”.

Finalmente, Rubén Sánchez no duda en comparar este recurso contra él con lo que Vox ha planteado en el Congreso: una ley para proteger a los denunciantes de corrupción. “Precisamente, que yo fui el que denunció al juez Serrano, que era el máximo responsable del partido en Andalucía. Desde que lo hice y la Fiscalía abrió procedimiento y se inició una instrucción judicial no he parado de recibir insultos, ataques, amenazas… por parte de dirigentes de Vox”, comenta, antes de sentenciar que “si esa es su estrategia de protección a denunciantes, posiblemente lo que buscan es lo contrario de lo que pregonan”.

El escándalo de la ayuda pública

Hacienda ha acordado el embargo del bufete, los bienes y las cuentas del juez Serrano para intentar recuperar el dinero de la ayuda pública de 2,48 millones de euros por la que está siendo investigado. Se trata de un préstamo del Estado que cobró la empresa Bio Wood Niebla, que Serrano constituyó junto a otro socio, que también está siendo investigado. La compañía cobró dicha cuantía del Ministerio de Industria en 2016 y no solo no lo ha devuelto, sino que tampoco construyeron la fábrica de biocombustible en Huelva para la que fue concedida la ayuda.