El bufete de abogados que preside Albert Rivera ha enviado una demanda de rectificación a Rubén Sánchez, secretario general y director de Comunicación de FACUA, con motivo de un tuit que publicó en su cuenta personal relacionado con el presunto vaciamiento patrimonial del juez Francisco Serrano (ex de Vox)  tras lograr la ayuda pública de 2,48 millones de euros por la que está siendo investigado por un juzgado de Sevilla por posible fraude de subvenciones.

Este jueves 24 de junio Sánchez ha publicado en su perfil de Twitter que acababa de recibir una demanda del juez Serrano firmada por el despacho de Albert Rivera (Martínez-Echevarría)”. “Creerán que van a atemorizarme y silenciarme. Pues no, no voy a dejar de ejercer la acusación popular en la causa por fraude en subvenciones contra el candidato de Vox”, ha advertido.

Tuit de Rubén Sánchez sobre el juez Serrano

El tuit por el que exigen rectificación data del 5 de marzo. En él, el dirigente de FACUA revela que Serrano habría puesto viviendas a nombre de su mujer y un Mercedes al de su hija (después aclaró que el coche se transmitió a una sociedad de la que la hija es copropietaria) tras lograr la ayuda pública por la que está siendo investigado. En consecuencia, había solicitado su citación en calidad de investigadas: “Tras lograr la ayuda pública que Hacienda lleva año y medio reclamándole que devuelva, el candidato de Vox en Andalucía puso viviendas a nombre de su mujer y su Mercedes al de su hija. He pedido al juez que instruye la causa contra Francisco Serrano que las cite como investigadas”.

Rubén Sánche habla del posible alzamiento de bienes del juez Serrano

A título personal

Según ha podido saber ElPlural.com, en su respuesta, Rubén Sánchez alega que su cuenta de Twitter es personal y en ningún caso realizó manifestación alguna al respecto desde FACUA. A su juicio, él a título personal no puede ser considerado un “medio de comunicación” y, por tanto, no se le puede exigir legalmente una rectificación, “sino en todo caso en una eventual demanda por intromisión ilegítima en el derecho al honor.

De lo contrario, si se entendiera que bien FACUA o el Twitter de Rubén Sánchez son un medio, "cualquier persona podría interponer una demanda de rectificación contra cualquier particular por el mero hecho de que lo hubiese mencionado a través de su perfil en una red social”, alega la respuesta.

“Aunque efectivamente el demandado es periodista, éste desarrolla su labor profesional como director de comunicación y publicaciones de la asociación de consumidores FACUA, de la que también es su secretario general. En este sentido, de ser considerada la página web FACUA.org un medio de comunicación social, el señor Sánchez García sería su director. Y en todo caso, el demandado sería también director de las cuentas en redes sociales propiedad de FACUA, que en el caso de Twitter es la cuenta @facua. Pero la cuenta de Twitter @RubenSanchezTW no pertenece a FACUA, ya que se trata de un perfil personal. De hecho, en la propia ‘bio’ de dicha cuenta puede verse que el señor Sánchez García ni siquiera hace alusión en ella a su responsabilidad profesional o política en la citada asociación de consumidores”, añade el documento.

Incluso, precisa que “FACUA no ha difundido noticia alguna en ninguna de sus publicaciones” sobre las maniobras de Serrano.

tuit ruben sanchez

Además, “esta parte no ha logrado encontrar en nuestra jurisprudencia ninguna sentencia por derecho de rectificación contra una persona física por una publicación en su perfil personal en una red social en la cuál se haya considerado a dicha cuenta un “medio de comunicación social”.

El escándalo de la ayuda pública

Hacienda ha acordado el embargo del bufete, los bienes y las cuentas del juez Serrano para intentar recuperar el dinero de la ayuda pública de 2,48 millones de euros por la que está siendo investigado. Se trata de un préstamo del Estado que cobró la empresa Bio Wood Niebla, que Serrano constituyó junto a otro socio, que también está siendo investigado. La compañía cobró dicha cuantía del Ministerio de Industria en 2016 y no solo no lo ha devuelto, sino que tampoco construyeron la fábrica de biocombustible en Huelva para la que fue concedida la ayuda.