Se ha desatado una guerra en las entrañas de la derecha. En este caso, los contrincantes son Ignacio Aguado, líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, y Enrique de Diego, editor del periódico Rambla Libre y tertuliano habitual de Intereconomía durante la etapa más dura de la cadena.

Con el juzgado número 3 de Elche como ring, estos dos hombres se enfrentan por un artículo, publicado el pasado 12 de abril, en el que De Diego acusaba a la formación de Aguado de haberse financiado ilegalmente durante la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de 2015.

Entre las acusaciones presentadas en el artículo ‘Ignacio Aguado estableció una trama generalizada de financiación ilegal de Ciudadanos en las elecciones de 2015’ ​se hablaba, por ejemplo, de cómo en una reunión de la agrupación de Fuenlabrada, tras la visita de Aguado, supuestamente se pedía que las primeras cinco personas de la lista electoral pagasen -de forma privada y evitando ingresos bancarios- 11.000 euros para financiar la campaña. El artículo también se hacía eco del expediente sancionador  del Tribunal de Cuentas contra la formación naranja por este y otros incidentes similares que podrían haber sucedido en distintos municipios madrileños en las fechas previas a las citadas elecciones. 

Como respuesta, Aguado interpuso una querella criminal, a la que ha tenido acceso ElPlural.com acusándo a de Diego de un delito de injurias y otro de calumnias, con el agravante de ‘publicidad’. Desde el partido narajan recuerdan que el Tribunal de Cuentas ya ha archivado ese expediente dictaminando que "no existe infracción alguna sancionable".

El editor de Rambla Libre, de posiciones ultraconservadoras, ha solicitado acogerse al principio jurídico de “Exceptio Veritatis”, la facultad que se otorga al autor del delito de injurias para que pruebe la verdad de sus afirmaciones. Para ello, De Diego ha solicitado al juzgado que Aguado presente distintos documentos, además de la comparecencia del propio presidente de la formación a nivel nacional, Albert Rivera.

Ahora, el juzgado debe decidir si admite la petición de Enrique De Diego. Fuentes consultadas por este diario confirman que este proceso puede tardar entre 6 y 18 meses.