La investigación judicial abierta en torno a Emarsa cuenta ya con 16 imputados por malversación, estafa continuada y delitos societarios, aunque el fraude total podría superar los 30 millones. El exgerente de la empresa, Esteban Cuesta, fue alcalde pedáneo nombrado por Rita Barberá y ante el juez ha apuntado como cerebro del saqueo al expresidente de la sociedad, Enrique Crespo, también imputado y que sigue siendo vicepresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Manises con el PP.

Lujos con dinero público
El sumario recoge como los directivos de Emarsa compraban con cargo a la empresa todo tipo de lujos personales: bolsos de Loewe, relojes, bolígrafos Montblanc, ropa en Armani, dispositivos electrónicos (ipods, libros electrónicos, ordenadores portátiles), circuitos de spa, viajes con la familia a París, Nueva York o Johannesburgo con alojamiento en hoteles de cuatro y cinco estrellas. Así lo recoge El País, que apunta que también cargaban a la empresa el alojamiento en hoteles de la Comunidad Valenciana junto a teóricas traductoras rumanas sufragadas de nuevo por Emarsa. Sólo en asadores, marisquerías y restaurantes de lujo se gastaron 92.443 euros en un año.

Barberá: "No tenía nada que controlar"
Emarsa estaba controlada por una asamblea metropolitana en la que el Ayuntamiento de Valencia tiene el 45% de los votos y el PP goza de amplia mayoría. Sin embargo, la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, ha declarado este lunes respecto a las irregularidades que "no tenía nada que controlar" en esta entidad y ha pedido que no se busquen "implicaciones donde no las hay". "Ahí está la justicia, no puedo decir nada más", ha reclamado.

Cotino dio el visto bueno a las cuentas
Además, según informa el diario Levante, dos consellers validaron las cuentas de Emarsa durante los años del saqueo, y ello a pesar de que los costes en la depuradora de Pinedo se triplicaron entre 2004 y 2010 cuando García Antón y Cotino -actual presidente de Les Corts- presidieron la Epsar, entidad supervisora de las cuentas. El acuerdo entre la Generalitat y la entidad metropolitana sólo permitía aumentar los gastos según el IPC.