PSOE y Unidas Podemos han registrado este viernes en el Congreso una propuesta para la creación de una comisión no permanente de estudio dedicada a analizar las causas de la subida del precio de la luz, así como los posibles cambios que deberían realizarse en el sistema eléctrico para abaratar el recibo de los consumidores.
Tras el debate de las últimas semanas, parece que la subida de la luz se analizará finalmente en una comisión de estudio y no de investigación, como la que ya registraron hace una semana Más País-Equo, Compromís y Nueva Canarias. Estos partidos ya avanzaron que no se opondrían a este cambio de naturaleza y otras formaciones como Ciudadanos han reconocido que apoyarían esta comisión, para escuchar a los expertos y estudiar medidas que logren abaratar el precio de la electricidad.
La propuesta para la comisión de estudio se ha registrado este viernes, después de que Unidas Podemos registrara en el propio Congreso, hace menos de 24 horas, una propuesta para la creación de una empresa pública energética, una de las peticiones más repetidas por la formación morada en los últimos meses.
Fuentes del grupo confederal aseguran que han firmado la creación de esta comisión para que se investiguen las causas de los máximos históricos en la factura de la luz, pero no dejan de insistir en que "es importante también ofrecer soluciones inminentes a la ciudadanía". Según la propuesta, la comisión se dedicará al "estudio de las causas y consecuencias de la evolución problemática del precio de la electricidad, especialmente durante los últimos meses".
Sostenibilidad ambiental, justicia social y competitividad económica
La comisión creada por los socios de coalición -que parece que acercan posturas en el tema de la luz- "analizará propuestas orientadas al diseño de un sistema eléctrico que concilie la sostenibilidad ambiental con la justicia social y la competitividad de la economía española", tal y como anuncia Europa Press, que ha tenido acceso al documento.
La propuesta de PSOE y Unidas Podemos propone medidas con objetivos finales como reducir la factura mensual de los consumidores, amortiguar el impacto de la volatilidad en los precios del mercado mayorista, estudiar modificaciones en el régimen jurídico o realizar propuestas para diseñar un sistema eléctrico basado en energías renovables, "a partir de una transición energética justa".
La comisión tendrá un plazo inicial de seis meses que podrá ser prorrogado por la Mesa de la Cámara. Dicha mesa contará con dos diputados por cada grupo parlamentario y los acuerdos se adoptarán por voto ponderado.
La parte socialista del Gobierno ha aceptado la creación de una comisión en el Parlamento aunque la ministra responsable, Teresa Ribera, lo ha hecho con matices, incidiendo en que se trata de una comisión de estudio y no de investigación, como pedían partidos como Más País, Compromís y Nueva Canarias.
La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica aceptó públicamente la creación de una comisión en el Parlamento, reconociendo que se trata de un "asunto complejo". En la misma línea se ha pronunciado el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha aplaudido la propuesta y apuesta por "mirar al presente y al futuro".
La comisión de estudio incluirá comparecencias de expertos, análisis y diagnóstico de la situación, debate y elaboración de posibles medidas. En este caso, se diferencia de una comisión de investigación ya que las comparecencias no son obligatorias, no se busca depurar responsabilidades y mentir no está tipificado como delito con penas de hasta un año de prisión, algo que sí ocurre en la comisión de investigación.
