No habrá comisión de investigación a puerta abierta. La Mesa del Congreso ha tumbado esta posibilidad con los votos de PSOE, Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Los socios del Gobierno urgían a la creación de una comisión de investigación que arroje luz al espionaje con Pegasus a más de 60 líderes independentistas catalanes y vascos. No obstante, los socialistas y las derechas insisten en que el asunto se aborde en la comisión de gastos reservados y secretos oficiales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sí que deberá comparecer ante el pleno forzado por sus aliados y la oposición.

El espionaje con Pegasus ha adquirido este martes un cariz bien distinto al trascender que los teléfonos móviles del presidente y de Margarita Robles, ministra de Defensa, también habrían sido afectados. Sin embargo, este hallazgo no ha cambiado el parecer del PSOE, que esgrime que el asunto habrá de abordarse en el único órgano competente para ello: la comisión de gastos reservados, de reciente constitución y cuya primera sesión tendrá lugar este jueves 5 de mayo. Gracias a las maniobras de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para rebajar la mayoría requerida para la elección de sus integrantes, los portavoces parlamentarios de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu, Gabriel Rufián y Merxte Aizpurua respectivamente, entre otros, integrarán la comisión.

Todos los aliados del Gobierno, sin excepción, afectados y no afectados, abogaban por la articulación de una comisión de investigación pública; ya que la de secretos oficiales es a puerta cerrada y, por ley, sus participantes no pueden desvelar detalles de las sesiones.

El pasado 25 de abril ElPlural.com publicó que el Ejecutivo tenía previsto desclasificar documentos para que la directora del CNI, Paz Esteban, pudiera informar del caso Pegasus en la comisión de secretos oficiales. Los socialistas alegan que desvelar información clasificada conllevaría la inhabilitación porque se estaría violando la ley de secretos oficiales, la del CNI y la de Seguridad Nacional. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha reiterado este martes que este es el único órgano habilitado para que los partidos se aproximen a Pegasus.

Unidas Podemos, ERC, EH Bildu Más País, Compromís, PNV y el resto de formaciones del denominado bloque de la investidura abundan en la necesidad de aclarar estos episodios en una comisión de investigación para poder depurar responsabilidades. De lo contrario, el Grupo Republicano, incluso, se ha aventurado el ocaso de la legislatura: "Esto no se va a tapar y se puede cargar la legislatura".

A juicio de los aliados del Gobierno, la comisión de secretos oficiales no es el lugar adecuado. Consideran que las explicaciones han de vehicularse de otro modo que también llegue a la ciudadanía. Además, según Aitor Esteban, portavoz parlamentario de los nacionalistas vascos, el Gobierno incurre en una profunda incoherencia escudándose en el secreto oficial mientras revela las pesquisas del Centro Criptológico Nacional.

Cabe recordar que Moncloa ya ha denunciado en la Audiencia Nacional el espionaje a Sánchez y Robles. En las últimas horas ha trascendido que la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, también habría sido espiada, pero Bolaños ha asegurado que no tiene constancia de ello y que “se están verificando los móviles de otros miembros del Gobierno y todavía no tenemos los resultados”. Las averiguaciones que realicen se las comunicarán al juez y a la ciudadanía: “Total transparencia. Vamos a informar y a esclarecer la verdad”.

Bolaños ha admitido que los protocolos de seguridad han podido fallar y habrá que sacar conclusiones y “tomar medidas para que no se repita”, porque violentar la intimidad de un presidente del Gobierno es “un incidente muy serio”. Sin embargo, ha urgido a no aventurar conjeturas precipitadas ni exigir responsabilidades sin conocer quién ha espiado: “Hay que reforzar los protocolos, claramente. Habrá que tomar medidas técnicas para que no se pueda repetir”.

Sobre si Moncloa tiene una primera hipótesis de quién puede estar detrás, ha afirmado que “ninguna” y “no tiene sentido hacer suposiciones”. Por el momento, únicamente conocen que se trata de una fuente “externa”, lo cual no implica que se trate de un país extranjero, sino que no ha sido “un organismo oficial con autorización judicial previa”. En este punto, ha tratado de disipar dudas sobre el CNI: “No tenemos absolutamente ninguna información en este sentido”. Misma respuesta para Marruecos: “No conocemos quién ha sido, no voy a ir más allá”.