El Partido Popular ha vuelto a faltar a su palabra. Alberto Núñez Feijóo se bajó de un acuerdo prácticamente cerrado por la renovación del CGPJ tras una portada de El Mundo, una llamada de Isabel Díaz Ayuso y un par de editoriales; y se ha vuelto a desmarcar a última hora, en este caso, de la nueva Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible. El articulado se votó este jueves y, para sorpresa de Moncloa, no contaron con el Grupo Popular, que se abstuvo. Según fuentes socialistas, Génova garantizó su apoyo al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, pero a la hora de pulsar el botón, se decantaron por el amarillo.

Las mismas voces admiten la “sorpresa” del Ejecutivo porque Exteriores contaba con su sí, pero “alguien les debió de decir que cambiaran” de parecer. “Es otra más. Alguien le dicta a este PP. Porque se comprometen y faltan a su palabra no ya con el grupo parlamentario, sino hasta con el propio Gobierno”.

“Nos dijeron que la reforma de la sedición hacía difícil votar la ley. Eso es lo que les importa la Cooperación”

Fuentes socialistas conocedoras de las negociaciones relatan que la portavoz del PP en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Paloma Gázquez, les informó de que votarían a favor y que ese mismo mensaje se lo había trasladado al ministro Albares en una conversación telefónica. “Nos dijeron que ya lo había hablado con él”, declaran. Al constatar que finalmente se abstuvieron, el grupo socialista pidió explicaciones en privado: “Nos dijeron que la reforma de la sedición hacía difícil votar la ley. Eso es lo que les importa la Cooperación”.

Un consenso trabajado

El PSOE esperaba aglutinar a todas las fuerzas del arco parlamentario para dar la mayor entidad posible a la norma y asegurar su perdurabilidad. De hecho, los socialistas articularon una subcomisión para que fuera el propio sector el que dibujara los principales trazos de su contenido. “Hubo una treintena de comparecencias y el PP parecía con ánimo constructivo. Pero votaron en contra del informe de la subcomisión que se envió al Gobierno”. El gesto no fue óbice para abandonar la voluntad de consenso. “Nosotros seguimos trabajando y mantuvimos muchos contactos con el PP, tanto con Gázquez como con Gabriel Elorriaga, que en un momento dado se nos dijo que era el interlocutor. También con el senador Alberto Fabra”, declara a ElPlural.com una diputada socialista. En esas conversaciones, “nos trasladan que van a votar a favor”, incluso, “firman la enmienda transaccional 36”. Lo llamativo es que, después de rubricarla, no la apoyaron en el pleno.

El Partido Popular mantiene una versión diametralmente opuesta a la socialista. Paloma Gázquez, asegura que nunca comprometió, ni tan siquiera insinuó, el voto positivo

El Partido Popular mantiene una versión diametralmente opuesta a la socialista. Paloma Gázquez, asegura que nunca comprometió, ni tan siquiera insinuó, el voto positivo a la Ley de Cooperación al ministro Albares o a su equipo, que también se puso en contacto con ella. “Ya previamente la falta de acuerdo y consenso llevó al PP a votar en contra en la Comisión el Dictamen que se elevó a Pleno”, trasladan desde su grupo a ElPlural.com.

Y añaden: “El PP trató de mejorar la ley con las enmiendas que consideraba imprescindibles y que no fueron aceptadas por el PSOE. Es más, nuestras enmiendas eran tan buenas para el proyecto que hasta una de ellas, referente al papel de la Educación en la Cooperación como principio de actuación, se aprobó en leno, con el apoyo de la mayoría de la Cámara y el voto en contra de PSOE y UP, perdiendo así los partidos de gobierno una votación de su texto por no querer acordar nada importante con el PP”.

La nueva Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo recibió la luz verde del Congreso con notable holgura. El consenso suscitado fue tal que a PSOE y Unidas Podemos se sumaron todos los grupos a excepción de Vox, que fue el único que voto en contra. Los populares se abstuvieron aunque la diputada Paloma Gázquez deslizó durante su intervención en la comisión de Exteriores que la respaldarían porque “somos un partido de Estado y sí creemos en la Cooperación”. En dicha intervención, Gázquez advirtió que “todavía no nos hemos acercado del todo”, pero “esperamos acercarnos en esta semana” porque “hemos presentado 56 enmiendas” y el PSOE aceptó la gran mayoría.

Ya en el debate del pleno de este jueves, Gázquez se desmarcó, justificando que, si bien el PP “es un partido de Estado que siempre quiere lo mejor para España y para la cooperación”, no la apoyarían finalmente porque “esta ley tiene carencias”. De esta manera, la diputada popular quebró el acuerdo prácticamente unánime del hemiciclo.

El ministro Albares agradeció al resto de partidos su “apoyo mayoritario”, valorando que es una ley muy “necesaria”. "Desde el Gobierno sabemos que es una ley de Estado que tiene que sumar a todos y hemos hecho el esfuerzo" para que así sea. También destacó que se han aceptado el 60% de las enmiendas presentadas y el proceso participativo previo para la elaboración del proyecto de ley.

A diferencia del PP, otras formaciones admitieron que quedaban flecos pendientes, pero el consenso debía primar. El portavoz del PNV, Josune Gorospe, retiró una enmienda a la totalidad tras hablar con el Gobierno. Lo mismo ocurrió con Junts, aunque su diputada Mariona Illamola lamentó mayor voluntad de negociación. Por su parte, María Carvalho Dantas (ERC), valoró que se trata de "una ley de mucho consenso" aunque "no lo ha podido todo y han quedado muchos flecos. Jon Inarritu, de EH Bildu, esgrimió que el nuevo texto "es más que aceptable" y, a todas luces, "mejor" que el actual.

0,7% de ayuda para 2030

La principal novedad de la nueva norma, que ahora tendrá que refrendar en Senado, es que se estipula que España destinará "al menos" el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) "en el horizonte del año 2030". El Gobierno se ha marcado como objetivo alcanzar el 0,5% para el final de la actual legislatura y la previsión en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es que en 2023 se alcance el 0,34%.

En lo relativo a la llamada cooperación descentralizada, se la identifica como la que "se realiza desde las comunidades autónomas en el marco de sus competencias y la que desarrollan los entes locales y forales (ayuntamientos, diputaciones provinciales y forales, cabildos y consejos insulares)". Asimismo, el texto refiere que "es una de las señas de identidad y fortalezas" de la Cooperación Española y "supone una importante contribución a un sistema de cooperación más democrático y a la buena gobernanza desde la complementariedad y la corresponsabilidad". Dicha cooperación, se desarrollará según sus respectivos Estatutos de autonomía y leyes autonómicas como las líneas generales establecidas por sus asambleas legislativas o parlamentos". Además, como pedían los independentistas, se podrá asociar la cooperación de comunidades autónomas y entes locales, "a partir de sus especialización y capacidades, a las actividades que desarrollen en el ámbito de iniciativas y programas de la Unión Europea y de otros organismos multilaterales".