CIG-Enseñanza ha presentado la primera demanda judicial contra el departamento de educación del gobierno de Núñez Feijóo para evitar que los profesores contratados en calidad de sustitutos no sean cesados a 30 de junio, si la persona a la que suplen no se ha incorporado.

En un comunicado han anunciado que a pesar de que los distintos tribunales, tanto a nivel gallego, estatal o europeo, han dictado resoluciones contradictorias al respecto de los derechos del personal interino y sustituto de educación, tienen claro que deben ir hasta las últimas instancias para garantizar la extensión de estos contratos hasta la incorporación de la persona propietaria de la plaza. El sindicato ha entendido que sus contratos deben estar vigentes más allá del 30 junio, al contrario de lo que sucede en la actualidad, con la fecha tope en la finalización del curso completo.

Además, han señalado que el departamento de educación impone desde hace tiempo, y así aparece en los nombramientos, que una vez terminadas las actividades lectivas ya no se necesita al profesor sustituto. De esta forma, matizan, la polémica está servida con los diferentes puntos de vista de las distintas administraciones de justicia. Por eso con esta demanda, han subrayado, pretenden abrir el camino, en el caso de producirse una resolución favorable, a que se extienda a todo el personal sustituto, habida cuenta de la imposibilidad que tienen para negociar con una Consellería “cerrada en el bunker del inmovilismo y que actúa permanentemente de espaldas a los derechos sociales y laborales del profesorado”, han categorizado.

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Desde la formación sindical han insistido en la necesidad de recuperar un derecho eliminado por Feijóo en el curso 2011/2012 y que, a pesar de que el Gobierno gallego “se le llena la boca de hablar de recuperación económica, continúa sin contemplar esta partida en el proyecto de presupuestos de la Xunta para 2019”, han explicado.

Para terminar, han alegado que “demandan la realización del contrato en los meses estivales para el profesorado que trabaje al menos cinco meses y medio durante el curso académico, al tratarse del colectivo más vulnerable y precario de todo el personal docente de la educación pública gallega”, ha apostillado el secretario nacional, Suso Bermello.