El portavoz de campaña del PP y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper, ha cargado contra el Gobierno por "incentivar" la okupación. En concreto, se refiere a una enmienda transaccional que se vota este jueves en el Congreso y que será apoyada por varios grupos del bloque de investidura en el marco del debate de la Ley de Vivienda.

"Dificulta y ralentiza el proceso de expulsión de okupas y de inquilinos que dejan de pagar. A partir de ahora, el demandante, legítimo propietario, cuando inicie los trámites para recuperar su propiedad deberá él certificar y demostrar si es o no un gran tenedor o si sus okupantes utilizan y emplean el inmueble como vivienda habitual", indicaba al respecto Sémper en la rueda de prensa tras el Comité de Dirección del PP. "El propietario tendrá que demostrar que quien okupa legítimamente su vivienda es un residente habitual en la vivienda. En relación con los grandes tenerdores, según plantea el Gobierno, es quien tenga más de cinco viviendas en propiedad, tendrán que acreditar si las personas que okupan su vivienda son personas en situación de vulnerabilidad y por lo tanto se alargarán los recursos de alzamiento", indicaba al respecto.

Sin embargo, el PP ha retorcido los datos sin diferenciar el allanamiento de morada con la usurpación de vivienda (conocido como okupación) para cargar contra el Gobierno. "Desde que Sánchez es presidente del Gobierno se han incrementado un 50% las okupaciones ilegales de viviendas en nuestro país en torno a 50 denuncias diarias. Obstaculizan con sus medidas que los propietarios recuperen sus viviendas", aseguraba al respecto.

Distorsión de los datos

Lo cierto es que no todas las personas que entran a una vivienda ajena son considerados okupas. La ley establece dos diferencias: el allanamiento de morada y la usurpación de la vivienda. Y son muy diferentes. El primero hace referencia expresa a la entrada o permanencia en morada ajena, en contra de la voluntad del la persona que reside habitualmente en un inmueble. Y puede darse de dos formas: por la entrada sin consentimiento en una morada ajena o por el mantenimiento en el interior contra la voluntad del titular. Por contra, en la usurpación de bien inmueble, no se penetra en una vivienda o casa habitada - sería allanamiento - y se da en un inmueble no habitado.

El primer delito es instantáneo y en muchos casos ha llegado a ser considerado hasta una habitación de hotel, y en el segundo el tiempo se alarga puesto que hay que demostrar que esa persona vive en la vivienda. Actualmente se trabaja en el Congreso para agilizar el proceso de expulsión de un okupa y tener esa prueba en 48 horas.

Lo cierto es que en 2022 España cerró el año con un dato de okupación por debajo del del año anterior. Así lo certifican los datos del Ministerio del Interior que señalan 16.726 denuncias por allanamiento y okupación. Nunca se diferencia hasta que un juez demuestra lo contrario una u otra, por lo tanto es engañoso afirmar que las denuncias han aumentado "un 50%" como ha afirmado Sémper.

La cifra supone el primer descenso de un fenómeno que ha en los últimos años ha aumentado bajo los gobiernos de Rajoy y Sánchez. El frenazo general en las viviendas allanadas y usurpadas fue avanzado ya por Fiscalía General del Estado en su última memoria anual, referida a 2021. En el informe se destacaba que los procedimientos incoados ese año por usurpación de inmuebles (9.739) confirmaban “la tendencia a la estabilización” iniciada en 2020 y destacaba que en el periodo analizado solo se había producido la incoación de nueve procedimientos más que el año anterior. Respecto a los allanamientos de morada, que es la modalidad de okupación que más resonancia mediática tiene y, con ello, más alarma crea, las cifras de la Fiscalía reflejan su carácter excepcional. En 2021, por ejemplo, se habían presentado escritos de acusación en 83 procedimientos por este delito.

Vox asegura que "casi legaliza" la okupación

El portavoz político de Vox, Jorge Buxadé, ha denunciado este lunes que la nueva Ley de Vivienda "casi legaliza" la okupación "facilitando" las vías "del delincuente" para permanecer en el inmueble.

"Este es el problema en España, quienes tienen derecho a la justicia y la reparación no la tienen; pero quienes ocupan o usurpan una propiedad ajena ilegalmente ahora van a tener un refrendo en la Ley de Vivienda que va casi a legalizar la okupación ilegal facilitando la opción del delincuente", ha denunciado en rueda de prensa sobre la ley que está en tramitación en el Parlamento sin hacer referencia expresa a la enmienda y poniendo el foco en todo el texto que vio la luz la semana pasada en el Consejo de Ministros.

El Gobierno niega que se facilite la okupación

Versión diferente tiene el PSOE. La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha negado este lunes que la nueva Ley de Vivienda dificulte el desahucio de los okupas destacando que se encuentra en trámite parlamentario la Ley de Eficiencia Procesal, "para que en 48 horas las autoridades judiciales puedan actuar para expulsar a los okupas con k que acceden ilegalmente a las viviendas".

La portavoz respondía en rueda de prensa a una pregunta sobre una enmienda transaccional que publica este lunes el diario El Mundo, según el cual dificultaría el desahucio de 'okupas'. El texto fue pactado por el PSOE con Unidas Podemos, ERC, Más País, Compromís, la CUP, el BNG y el PDeCAT, aprobada el pasado jueves en la Comisión de Transportes que dio luz verde al dictamen sobre el proyecto de Ley de Vivienda. PP y Vox no se habían referido a la propuesta hasta que ha aparecido este lunes en prensa.

"Tengo que desmentir ese hecho", ha señalado la ministra, quien, en relación a las okupaciones ha asegurado que "es muy importante no confundir las okupaciones con k" que, según dice, combate el Gobierno, con una "política pública de vivienda pensando en los que tienen más dificultades".

A este respecto ha añadido que en caso de okupaciones, el compromiso del PSOE se ha expresado también en el trámite parlamentario para "poner a disposición, en el ámbito judicial, de los jueces, de herramientas" que se han incorporado en la "Ley de Eficiencia Procesal, que se está tramitando en el Congreso para que en 48 horas las autoridades judiciales puedan actuar para expulsar a los okupas con k que acceden ilegalmente a las viviendas".

La Portavoz del Gobierno no ha aclarado si los dueños de las viviendas van a tener que demostrar que el okupa utiliza esa vivienda como residencia habitual, como plantea la enmienda. Se ha limitado a precisar que el Gobierno va a facilitar que los jueces, en menos tiempo, puedan intervenir. "Ya se está haciendo un gran esfuerzo por todos los operadores jurídicos, por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para evitar estas situaciones", ha añadido.

En Podemos van en línea con el PSOE. Según ha indicado su portavoz Pablo Fernández, se pretende dificultar los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica, especialmente cuando el arrendador sea un gran tenedor de inmuebles, y se impedirán desalojos cuando no se haya intentado un acto de conciliación.

"Lo que intentamos es que no haya desahucios sin alternativa habitacional en este país. Yo creo que son cuestiones absolutamente distintas (...) Y desde luego intentar desvirtuar el debate e intentar cambiar el problema de acceso a la vivienda y llevarlo a la okupación, pues es un error", ha subrayado para recalcar que ante ese fenómeno, muy "excepcional" en el país, la postura de su partido es que se debe aplicar el ordenamiento jurídico vigente.

También ha destacado que mantienen su rechazo a la enmienda del PSOE a la Ley de Eficiencia Procesal, "para que en 48 horas las autoridades judiciales puedan actuar para expulsar a los okupas con que acceden ilegalmente a las viviendas", al instar a su socio de coalición que no "compre" el marcho de la derecha en esta cuestión.

"En ningún caso en España hay un problema de okupación, en ningún caso. Puede haber problemas o casos puntuales de ocupación, pero son casos muy puntuales. Desde luego el problema en España es el acceso a la vivienda y las dificultades que se presentan que miles o millones de personas tienen en este país para acceder a una vivienda digna", ha remachado Fernández.