El Partido Popular rechaza cesar a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, por la trama de narcotráfico y blanqueo de capitales que presuntamente la salpica y en la que están procesados el marido y un hijastro de la regidora. Y es que precisamente este es el argumento esgrimido por la formación para justificar su postura, en la que no se plantean medidas por el momento, ya que insisten en que a la edil "no se la imputa ningún delito". "Podemos hablar de la familia de todo el mundo", afirman ante las preguntas de ElPlural.com.
"Ya ha dado sus explicaciones"
De esta forma se ha manifestado este miércoles Javier Maroto, portavoz del grupo popular en el Senado y compañero directo de Muñoz, quien también es senadora. "La regidora ya ha dado sus explicaciones y ante eso no tengo nada que decir", ha sostenido en referencia a las declaraciones de la alcaldesa en una rueda de prensa tras el pleno de la Cámara Alta tras ser cuestionado por este asunto por un medio de comunicación.
Ante sus evasivas, -que también ha protagonizado el PP andaluz, que incluso ha bloqueado una pregunta del PSOE en el Parlamento la pasada semana sobre esta cuestión- este periódico ha insistido al portavoz popular en cuál es la posición que va a seguir la formación y si la cúpula se plantea tomar medidas al respecto de este caso de corrupción.
Ha sido entonces cuando Maroto ha justificado que la alcaldesa no está imputada por ningún delito y que únicamente se trata de miembros de su familia. "¿Hay alguna actuación de la alcaldesa que sea reprochable o susceptible de comisión de delito? Lo digo porque usted me habla de la familia pero no hay ninguna acusación contra ella o su Gobierno", ha dicho, haciendo oídos sordos a la mención a los audios recogidos por el juez instructor Manuel García Castellón que sugieren que la Administración municipal de Muñoz podría estar implicado en operaciones urbanísticas de empresas vinculadas a la trama.
Así, el portavoz popular ha echado balones fuera y ha puesto el foco en las responsabilidades de este asunto, por el que de momento están procesados el marido y un hijastro de la regidora. "Si quiere hablamos de las familias de todo el mundo en España", ha lanzado antes de insistir en la inocencia de Muñoz. "¿Hay algún delito que se le achaque a la alcaldesa de Marbella? Es que no entiendo la pregunta. "Me está preguntando por la comisión de algún delito, ¿hay algún delito de la que alguien sospeche de la alcaldesa? No, ¿verdad?, pues esa es mi respuesta", ha sentenciado, dando un portazo a la posibilidad de cesar a la edil popular.
Muñoz evitó declarar su incremento patrimonial
Este mismo miércoles, se ha dado a conocer que la edil malagueña no declaró en el Senado el aumento en su patrimonio que experimentó en verano de 2020, tal y como recoge la normativa. Se trata de un paso que es de obligado cumplimiento al tratarse de una senadora y, por lo tanto, lo tendría que haber hecho en la correspondiente ampliación de su declaración de bienes tanto en el Consistorio como en la Cámara Alta, algo que dos años después todavía no ha realizado.
"Ni para Fiscalía ni nadie del Ayuntamiento, ni concejal, ni yo como alcaldesa, ni el Área de Contratación, el Área Económica, ni para Intervención han estado en tela de juicio esos contratos", justificó Muñoz el pasado viernes ante las preguntas de los medios sobre contratos, cuyo montante se eleva a casi 650.000 euros, adjudicados por el Consistorio a una sociedad relacionada con su marido, procesado en la Audiencia Nacional junto a su hijastro por su presunta participación en una red de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
"Marbella es una gran ciudad, tiene un equipo de gobierno que trabaja mucho por los intereses de la ciudad y no estamos dispuestos a que nadie manche ni el nombre de la ciudad ni el nuestro", afirmó la alcaldesa antes de defender la legalidad "de todos y cada uno de los expedientes". también aprovechó para acusar al PSOE de obtener unos correos electrónicos sobre adjudicaciones de obras "de manera absolutamente ilegal, no sabemos de qué tipo". Según sus palabras, "esos correos, no sabemos si manipulados, se llevaron a Fiscalía hace cinco años y Fiscalía cerró el procedimiento entendiendo que toda la adjudicación, tramitación y resultado de las obras se ajustaba a Derecho".
