En buen lodazal ha encallado el Partido Popular en lo concerniente a la afiliación política de los jueces españoles. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, elevó el tono la pasada semana para instar a Pablo Casado a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero el líder de la oposición no da su brazo a torcer e insiste en que no se sentará a consensuar nada hasta que los socialistas garanticen una reforma de la ley del Poder Judicial para que una parte de los jueces sean elegidos por los propios magistrados. Con el objetivo de exhibir músculo y aparentar que su propuesta cuenta con el respaldo del gremio judicial, el consejero de Justicia de Isabel Díaz Ayuso, Enrique López, aseveró que el PP contaba con el apoyo de los jueces; lo que ha obligado a Génova a aclarar y matizar sus palabras.

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha precisado que la formación "no cuenta con la mayoría del apoyo de los jueces desde el punto de vista de la significación, adscripción política”. “Quiero ser pulcro en las palabras que utilizo para que nadie piense que los jueces están con el PP”, ha añadido, matizando que sí que consideran que las asociaciones de jueces “han reclamado cambios en la elección” para que “sean ellos los que pueden elegir”.

A juicio de Almeida, se han tergiversado las declaraciones del secretario de Justicia e Interior del PP en las que aseguraba contar con el “apoyo de la mayoría de la carrera judicial”. "Se ha pretendido usar de forma torticera" que "son los jueces los que apoyan al PP", ha lamentado; puntualizando que "son los jueces quienes reclaman al Gobierno elegir a sus compañeros que van al CGPJ".

El juez más politizado dando lecciones

Enrique López, como responsable de Justicia e Interior del PP nacional, es el rostro visible de las posturas del partido en esos ámbitos. En este sentido, resulta cuando menos llamativo que el propio López sea la viva imagen de la incongruencia y el cinismo del PP en lo que a la renovación del CGPJ respecta. Los de Casado insisten en que son los magistrados los que deberían participar de la elección de sus colegas para garantizar la independencia judicial. Sin embargo, el propio López es un claro ejemplo de que los jueces tienen ideología .Y vaya si la tienen.

López es el magistrado más politizado de España. Durante su carrera como juez, todas sus designaciones han estado envueltas en polémica y siempre de la mano de Génova, que ahora le da de comer. Mariano Rajoy le colocó a dedo en el Tribunal Constitucional pese a las reticencias de los jueces, fue recusado en todas las causas Gürtel por sus vínculos con el PP y ha sido rescatado por Ayuso como consejero y por Pablo Casado como responsable de Justicia.

En el año 2001 se incorporó al Juzgado de Instrucción número 10 de León. El 8 de noviembre del 2001, a propuesta del PP, es nombrado Vocal del Consejo General del Poder Judicial, siendo portavoz de dicho órgano hasta el 2008. En ese momento es nombrado como Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

En el año 2013 fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional pese a que su candidatura fue tumbada varias veces por el veto del PSOE. La renovación de este órgano, de hecho, estuvo bloqueada durante tres años hasta que el PP accedió en 2010 a retirar su nombre de la terna propuesta por el Senado. En 2013 se produce el nombramiento a propuesta del CGPJ y gracias al voto de calidad del presidente de dicho órgano, otro consumado genovés, Pascual Sala. Y se concreta a pesar de que los jueces consideran que no tenía la antigüedad mínima de 15 años de ejercicio profesional. Además, el mayor de los problemas no era la longevidad de su carrera, sino las carencias técnico-jurídicas para ser magistrado del Constitucional que algunos compañeros le atribuían.  A todo esto, habría que sumarle que acostumbraba como vocal del CGPJ a cuestionar las leyes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Llegó al extremo de defender que el Consejo hiciera, sin concurrir los requisitos legales para ello, informes sobre la reforma del Estatuto de Cataluña y la Ley que aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Con todo el quilombo montado, Enrique López duró apenas un año en el cargo. Fue forzado a dimitir tras ser cazado conduciendo su moto bajo los efectos del alcohol y sin casco.

Regresó a la Audiencia Nacional y rápidamente volvieron los fantasmas. El 30 de octubre del 2015 fue recusado por varias acusaciones populares así como la fiscalía por sus afinidades de todo tipo y colores con los genoveses. Sus colegas de la sala de lo Penal aceptaron las recusaciones y le apartaron de la PS 1 Época 1999-2005. Posteriormente también ha sido recusado y apartado en las piezas separadas de la Caja B; AENA, JEREZ y Visita Papa a Valencia.

La clave de su recusación en las causas que salpicaban al PP radica en que fue un estrecho colaborador de FAES, el think tank del expresidente del Gobierno José María Aznar. Durante años trabajó como ponente y/o asistente para esta Fundación. Solo entre el año 2003 y el año 2008 participó en un mínimo de 53 seminarios a puerta cerrada por los que ha cobrado sin complejos. 

Después, el CGPJ tuvo a bien nombrarle, junto al juez Eloy Velasco, para el puesto de vocal de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, hasta que el Tribunal Supremo ha anulado su nombramiento.