En medio de la búsqueda de apoyos de Alberto Núñez Feijóo para su investidura del próximo 26 y 27 de septiembre, el Partido Popular carga contra Junts y ERC. La formación exige a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que tumbe la decisión de la Mesa de aceptar la conformación de los grupos parlamentarios de Junts per Catalunya y de Esquerra Republicana de Cataluña tras la cesión de diputados por parte del PSOE y Sumar y pide que los disuelva. Así lo han comunicado este viernes fuentes del grupo parlamentario popular a través de una nota de prensa, en la que apuntan a la reciente solicitud de estos representantes prestados a regresar a sus formaciones originales como "evidencia" del incumplimiento de los requisitos para que las fuerzas nacionalistas catalanas puedan tener una agrupación propia.
El PP exige tumbar los grupos de Junts y ERC
El Partido Popular, a través de su grupo parlamentario en el Congreso. ha registrado dos escritos dirigidos a la Mesa del Congreso en los que pide a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, que reconsidere la decisión del propio órgano de facilitar la formación de los grupos de Junts per Catalunya y el Grupo Parlamentario Republicano. De hecho exige que los disuelva, integrándolos en el Grupo Mixto. Fuentes del grupo parlamentario popular recuerdan que el PSOE y Sumar cedieron un número concreto de sus diputados para que la Mesa pudiera interpretar, -"erróneamente" a su juicio-, que Junts y ERC superaban los requisitos para tener grupo propio. Estos son tener un mínimo de 15 diputados o cinco si se supera el umbral del 15% del apoyo en las circunscripciones donde se presentaron o bien el 5% de los emitidos en el conjunto del Estado.
Pero los populares no solo apelan a esto, sino que ponen el foco en la solicitud de regreso a sus grupos naturales de los diputados que el PSOE y Sumar prestaron a las fuerzas independentistas, lo que según su visión "evidencia el incumplimiento de los requisitos para tener grupo propio". "Estos diputados ya han solicitado su regreso al PSOE y a Sumar, lo que, además de evidenciar el fraude de ley perpetrado, provoca el cese en el cumplimiento de dichos requisitos", afirman en el documento. Así, para los populares este préstamo de disputados constituye "un indudable fraude de ley" apelando a lo establecido en el Reglamento y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo así como del Constitucional, ya que afirman que "su cesión no está dirigida a superar una determinada cantidad de diputados, sino a un umbral de voto del que se carece".
Críticas a la Mesa del Congreso
Entre tanto, los de Alberto Núñez Feijóo también cargan directamente contra el órgano de dirección de la Cámara Baja. Sostienen además que la Mesa -en la que tienen mayoría de PSOE y Sumar de cinco puestos a cuatro del PP- "estableció de manera contraria a la norma que el 15% del apoyo necesario en cada provincia sería sobre el total resultante de todas las provincias donde se presente el grupo". "Un fraude que queda en evidencia con la vuelta a sus grupos naturales de los diputados que el PSOE y Sumar cedieron a los independentistas", reiteran al respecto, dejando de lado que la cesión de representantes -que han tildado de "cambalache"- se remonta a hace más de 20 años y que incluso el propio PP lo ha llevado a cabo en anteriores legislaturas.
De esta forma, el grupo popular pide a la Mesa que "reconsidere" su decisión tomada hace ya varias semanas de que Junts y ERC tengan grupo propio y los disuelva, ya que entienden "que solo así se podrían restablecer los derechos fundamentales del resto de diputados, que han sido vulnerados, así como el que tienen los ciudadanos a la representación política y el principio de igualdad", aseguran en una nota de prensa enviada a los medios de comunicación. Cabe destacar que en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, está todavía en el aire la formación de grupo parlamentario propio para Junts y el PNV a la espera de un informe jurídico solicitado precisamente por los populares.
Un "chambalache"
La batalla del PP contra la idea de que los de Pedro Sánchez y los de Yolanda Díaz facilitaran el camino a las dos formaciones catalanas en el Hemiciclo como parte de su negociación para la Mesa se remonta al día del mismo anuncio. Ya entonces los populares cargaron con dureza contra la decisión, pese a que no es nueva, y cuestionaron su legalidad. El coordinador general de Génova, Elías Bendodo, anunció días antes de que se hiciera efectivo la intención del partido de impulsar una suerte de investigación para analizar la legalidad de esta medida, que tildó de "cambalache". "Se va a encargar un informe jurídico en los próximos meses para valorar la legalidad del cambalache que está haciendo el PSOE con otros partidos para que tengan grupo propio", sostuvo ante la prensa sin añadir nada más al respecto.
