El Partido Popular siempre se ha mostrado en contra de aplicar impuestos a las empresas energéticas, pero desde que el Gobierno de España, formado por PSOE y Unidas Podemos, anunciara su intención de crear un gravamen temporal a este tipo de compañías, la virulencia se ha convertido en constante. De hecho, el Congreso de los Diputados ha sacado adelante este martes la tramitación de la proposición de ley impulsada por ambos partidos del Ejecutivo central para materializar la propuesta, pero los partidos del sector político de la derecha y extrema derecha, incluida la formación dirigida por Feijóo, la han criticado duramente antes de votar en contra.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció esta medida el 14 de julio, durante el Debate del Estado de la Nación, en el que ha detalló que el impuesto, que estará en vigor en principio durante dos años, prevé recaudar 1.500 millones de euros al año sobre los beneficios de 2022 y 2023. Sin embargo, el Partido Popular ha reiterado su histórica posición en contra del gravamen a las compañías eléctricas a través de su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, quien ha asegurado este martes que "no tiene mucho sentido" contemplar la aplicación de un gravamen a las compañías energéticas mientras en Europa todavía se está negociando.
Después de votar este martes en el Congreso de los Diputados en contra de la medida para crear este impuesto temporal, la formación conservadora ha alegado que se encuentra esperando a que la Comisión Europea actúe antes de mostrar su apoyo al impuesto a las energéticas impulsado por PSOE y Unidas Podemos: “Lo lógico sería esperar a que Bruselas se pronuncie, por coherencia, salvo que este Gobierno quiera ir por libre”. A su vez, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hace recaer su rechazo a la medida en un supuesto riesgo de “repercutir en el bolsillo de los consumidores” por el hipotético caso de que los bancos o las eléctricas aumentaran sus precios en la misma medida que lo haga el impuesto.
El dirigente del principal partido de la oposición ve con buenos ojos que Europa muestre el camino para la intervención del mercado energético a la vez que considera “errónea” la fórmula planteada por el Gobierno. Por su parte, la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, se ha mostrado en contra pese a que el mandatario nacional de su partido se ha posicionado a favor del anuncio de la Comisión Europea, la cual va en línea con la propia medida de PSOE y Unidas Podemos: “El Gobierno debería retirar esta proposición de ley mientras Bruselas no fije el marco. Los riesgos que se corren son absolutamente irresponsables”.
La misma excusa que el Gobierno ya ha previsto
Además de poner a la institución europea como excusa, el Partido Popular, con Feijóo a la cabeza, ha insistido en la idea de que la medida repercutirá en el bolsillo de los ciudadanos, pero el Gobierno presidido por Pedro Sánchez ya ha previsto esta posibilidad en la iniciativa legislativa aprobada este martes en el Congreso de los Diputados. Con el objetivo de impedir que las empresas trasladen el coste del impuesto a los consumidores, la propuesta de ley fija una multa del 150% del importe que se traslade a los usuarios.
Por un lado, en el caso de las compañías energéticas, será la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) la encargada de velar de que no se repercuta sobre los clientes, mientras que, en el caso de los bancos, el mismo organismo regulador deberá trabajar en conjunto con el Banco de España.
Incluso, Podemos propuso la creación de un delito fiscal ante la posibilidad de que las empresas de energía puedan repercutir su propio impuesto en los consumidores. La medida fue anunciada por la secretaria general de la formación, Ione Belarra, que aseguró que "tenemos a grandes empresas energéticas amenazando a la ciudadanía y al Gobierno y diciéndonos que si hay un impuesto a las empresas energéticas se va a repercutir a los consumidores".
