La cúpula del PP en 2013 borró las cámaras de seguridad de su sede en la calle Génova de Madrid en medio de la investigación del caso Gürtel. Cuando el juez Pablo Ruz, que instruía la causa entonces, pidió visionar las imágenes, la dirección del partido le respondió que tenía establecido como protocolo no conservar las grabaciones.
El excomisario José Manuel Villarejo dejó constancia del borrado de las imágenes en sus agendas, incautas en el marco de la investigación, al puntualizar que se borraron "68 cámaras" y que en los vídeos aparecía el empresario Juan Miguel Villar Mir "con maletines", según adelanta la SER. El presidente del grupo Villar Mir está considerado uno de los principales donantes del partido.
Las plantas 6 y 7, de Bárcenas y Rajoy
"68 cámaras, Villar Mir es identificado subiendo con maletines, borrado imágenes 6, 7ª planta y ascensor", anotó el policía, al que la exsecretaria general del PP había encomendado borrar los rastros de la caja B, según la investigación del caso Kitchen, sobre el espionaje al extesorero Luis Bárcenas con el fin de sustraerle datos sobre la contabilidad paralela.
El juez Ruz pidió a la dirección del PP, en un auto fechado en mayo de 2013, el registro de visitas a su sede central y la respuesta que llegó en junio fue que las imágenes se borraban cada 30 días por la Ley de Protección de Datos. La anotación de Villarejo sobre el borrado es del 3 de agosto.
En la planta sexta a la que se refiere el excomisario de la Policía Nacional se encontraba la gerencia y la tesorería del partido, donde el gerente, Luis Bárcenas, y el entonces tesorero, Álvaro Lapuerta, recibían a los empresarios. En la séptima planta, que menciona también Villarejo, estaba el despacho del líder del PP Mariano Rajoy.
El año 2013 fue un año de muchas acciones por parte del partido en medio de su nerviosismo ante la primera declaración de Luis Bárcenas en la Audiencia Nacional. Según confesó ante el juez Manuel García Castellón el inspector jefe de la Policía Nacional Manuel Morocho, que investigaba el entramado de corrupción, el Gobierno de Mariano Rajoy le presionó para que se apartara del caso y llegó a intentar sobornarle con deseados destinos en embajadas en el extranjero y un suelo mensual de 10.000 euros.
El jefe policial narró al juez que sus superiores le impidieron poner en sus informes los nombres de los responsables políticos del PP, entre ellos el del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o de la exsecretaria general, María Dolores de Cospedal. Además, le pusieron trabas para apartarle de la investigación, por ejemplo intentando sobrecargarle de trabajo y trasladándole de unidad.
Las agendas de Villarejo, donde el excomisario registraba minuciosamente sus trabajos, recogieron que mantuvo varios contactos con María Dolores de Cospedal en los que la número dos le encomendaba "encargos" dirigidos a recuperar información sensible para la formación política, en manos de Luis Bárcenas.
En uno de esos apuntes, fechado el 6 de diciembre de 2012, puede leerse: “Cospe: Apoyo a tope en todo. Me envía a José L. Orti con 100 y promete 50 más el lunes. Quedo en informarla”. Las cifras referidas serían de 100.000 y 50.000 euros, respectivamente. José Luis Ortiz fue jefe de gabinete de Cospedal durante la etapa en que presidió Castilla-La Mancha, entre 2011 y 2015.
