El PP ha encontrado en los indultos una razón a la que aferrarse para mantener su estrategia de bloqueo a las instituciones claves del Estado de derecho, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Tribunal de Cuentas, cuya renovación debería realizarse el 17 de julio y de la que no hay noticia, en la víspera de una fecha clave, este martes, cuando emita su resolución sobre la cantidad que deben abonar los líderes independentistas liberados por la presunta malversación de fondos públicos en las denominadas embajadas catalanas y el Diplocat, el consorcio dedicado a difundir la imagren de Cataluña en el mundo.
Pablo Casado se niega a negociar con el PSOE la renovación de los 12 consejeros del Tribunal de Cuentas, el órgano encargado de fiscalizar las cuentas públicas, donde goza de mayoría: siete miembros fueron elegidos por los populares.
El jueves pasado se celebró su último pleno, donde varios consejeros preguntaron a la presidenta, María José de la Fuente, sobre la renovación. La respuesta fue que no ha tenido noticias desde que el 22 de marzo escribió a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, sobre el asunto. Los representantes del Tribunal de Cuentas acordaron volverse a citar el jueves 22 de julio, ya con su mandato prorrogado, según adelanta El País.
40 exaltos cargos implicados
Este martes, discutirá la sanción de 5,4 millones de euros a 40 exaltos cargos de la Generalitat por usar, presuntamente, fondos públicos entre 2011 y 2017 para la promoción exterior del proceso independentista.
El informe de 500 páginas que debatirá el Tribunal de Cuentas este martes analiza la gestión del organismo público Diplocat y de varias consejerías, y afecta a los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Andreu Mas-Colell o Raül Romeva, entre otros muchos.
El día de la reunión entre Sánchez y Aragonès
Se da la circunstancia de que el mismo día el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá en La Moncloa al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para retomar la relación institucional bilateral. El líder socialista ya ha advertido al Tribunal de Cuentas de que es una "instancia administrativa y no judicial". Más contundente aún, el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, safirmó el viernes pasado que causas como las que tramita el Tribunal de Cuentas sobre los líderes independentistas "no dejan de ser piedras en este camino" hacia la reconciliación con Cataluña.
Todo esto en medio del aluvión de críticas desde varios frentes de la política al Gobierno por los indultos a los presos independentistas, aprobados por el Consejo de Ministros el pasado martes, en contra del dictamen del Tribunal Supremo.
El PP se agarra ahora a la coartada de los indultos y alegan que Pedro Sánchez "no es de fiar", aunque el bloqueo a las instituciones del Estado, como el Consejo General del Poder Judicial, viene de lejos y lo único que ha conseguido sacarle el Gobierno hasta ahora es el pacto para renovar la cúpula directiva de RTVE.
