Coincidiendo con la estancia del rey emérito en Sanxenxo para participar en el Campeonato de Europa de 6M que lleva su nombre, las fuerzas a la izquierda del PSOE se movilizan en el Congreso para presionar al Gobierno con la enésima vuelta fugaz de Juan Carlos I. Después de que desde la Mesa se instara a los grupos a reformular sus preguntas, ERC y Podemos han reformulado sus respectivos documentos y centran el tiro sobre los nuevos escándalos que envuelven al ex jefe del Estado, así como su fundación.
Juan Carlos I, ajeno al mundanal ruido parlamentario, navega en Sanxenxo a bordo del Bribón, al margen de los escándalos que afloran sobre su pasado y su presente. El emérito, que ha aprovechado su enésimo viaje a tierras pontevedresas para citarse en privado con los reyes y su nieta, la princesa Leonor, se deja ver entre la maraña de fotógrafos que le persiguen en cada regreso a España. Sin embargo, hace oídos sordos al maremágnum de polémicas que menguan una figura antaño sobre protegida.
Pero los escándalos no escapan a los ojos de los grupos de izquierdas, cuyas delegaciones en la Cámara Baja aprovechan la visita del ex jefe del Estado para descargar presión sobre el Gobierno y centralizar el foco mediático sobre el propio emérito. Hace apenas dos semanas, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Podemos registraron una batería de preguntas dirigidas por escrito al Ejecutivo sobre la polémica fundación de Juan Carlos I. La Mesa del Congreso, sin embargo, les requirió que reformulasen sus interpelaciones, justificando su decisión con arreglo a la redacción de las mismas.
¿Uso de fondos públicos?
Dos semanas después, el Grupo Republicano de la Cámara, así como los morados, presentaron de nuevo sus escritos ante el órgano rector, adhiriendo nuevas cuestiones de interés como la publicación de las fotografías en las que el emérito aparece junto a la actriz Bárbara Rey en 1994. Un nuevo escándalo que se suma al de su fundación, que a la postre fue el motivo de los grupos de izquierdas en el Congreso para presentar el primer escrito.
La exministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, registró este martes una batería de preguntas en las que pregunta al Gobierno, apoyándose sobre titulares que apuntan a un posible uso de “fondos públicos” para silenciar la relación entre el entonces jefe del Estado y Bárbara Rey, proveniente de la partida de “fondos reservados del CESID (antigua denominación del CNI)”. En este sentido, interpelan directamente al Ejecutivo sobre “cuántos fondos y provenientes de qué partidas se han destinado a la ocultación de la supuesta relación de Juan Carlos de Borbón con Doña María García García (nombre de Bárbara Rey)”. “¿Se han destinado más fondos públicos para ocultar otras relaciones análogas?”, continuaban los morados.
Polémica fundación
A los interrogantes que plantean desde Podemos se añaden las preguntas registradas por el portavoz del Grupo Republicano, Gabriel Rufián, quien presiona al Gobierno para que aporte datos sobre la fundación creada por el emérito en Abu Dabi. El dirigente de ERC explica en el documento que los motivos de la batería de preguntas no son sino esclarecer el alud de titulares sobre “presuntos escándalos financieros y personales” relacionados al que fuera jefe del Estado hasta 2014, dado que, a su entender, no hace sino que sembrar la duda sobre la transparencia de la Casa Real.
Rufián ejemplifica su argumentación inicial con la “supuesta recepción de 100 millones de euros de Arabia Saudí, transferidos a una cuenta en Suiza a nombre de una fundación panameña”. Unas prácticas, continúa el parlamentario republicano, que contemplan la utilización de “cuentas offshore”, así como tarjetas de crédito de fondos no declarados. “Como las transferencias millonarias a examantes”, desliza Rufián, recordando el caso de Corinna Larsen, quien percibió un montante de 65 millones de euros, así como multitud de amenazas y persecución por parte de los servicios secretos del Estado “para proteger la imagen” del emérito. El presunto papel del CNI (antiguo CESID) como encubridor de sus escándalos alimenta las “sospechas” del republicano.
En este sentido, ERC pivota sobre el argumento de la “implicación del rey emérito en el cobro de comisiones relacionadas con la construcción del AVE a La Meca”; una cuestión que “involucra” al excomisario José Manuel Villarejo. En el documento de los republicanos se precisa que, pese a las regularizaciones fiscales del ex jefe del Estado, las pesquisas no sólo no han cesado, sino que han encontrado un nuevo escándalo en la creación de su fundación en Abu Dhabi con objeto de “gestionar su patrimonio y garantizar la herencia a sus hijas”, extrapolando sus dudas al rey Felipe VI, quien se deshizo de la herencia de su padre pese a estar “señalado como beneficiario de algunos de los fondos opacos”.
Rufián estima que estas publicaciones no sólo hacen mella en la figura de Juan Carlos I, sino también en la “legitimidad de la institución monárquica, sumiendo a la Casa Real en una crisis” de credibilidad”. Por tanto, ante “tantas irregularidades”, consideran urgente instar al Gobierno a “adoptar medidas para garantizar la fiscalización y transparencia de la Familia Real”. La creación de la fundación “podría ser un nuevo intento de desviar fondos del control fiscal español, lo que plantea la necesidad de un mayor escrutinio para proteger la credibilidad de las instituciones públicas y evitar que se perpetúen privilegios ilegales”. Así, piden a Moncloa que aclare su grado de conocimiento sobre estas investigaciones y qué medidas prevé adoptar para garantizar la transparencia y fiscalización del patrimonio de Juan Carlos I, incluyendo “los fondos transferidos al extranjero” a través de fundaciones como la de Abu Dhabi.
El PSOE se lava las manos
A pesar de que estas cuestiones no sólo alimentan las sospechas de la izquierda republicana parlamentaria, sino también de la propia Hacienda, la persona al frente del ministerio del ramo, María Jesús Montero, opta por desviar el tiro cuando se le interroga por la situación fiscal del exmonarca. La vicepresidenta primera se amparó en que no podía comentar “recortes de prensa”, además de exponer que si el emérito vive fuera de España, la Agencia Tributaria tiene poco margen competencial en tal sentido.
Sumar, por su parte, ha endurecido el tono contra el que fuera jefe del Estado, aunque lejos de la virulencia discursiva de republicanos y morados. Los magentas, que ya registraron una batería de preguntas sobre el mérito rubricada por la diputada de Compromís Águeda Micó, afearon abiertamente la actitud padre de Felipe VI. “Si fuera monárquico, se me caería la cara de vergüenza de que el monarca se está riendo de toda España”, espetó este martes el portavoz parlamentario del socio minoritario de la coalición, quien subrayaba que Juan Carlos I ha resultado “de lo peorcito”. “Ahora crea una fundación para que sus herederos, que ya tienen la vida garantizada y que iban a vivir de maravilla sin tener que hacer nada en toda la vida, además puedan recibir una herencia inmensa”, remachó.
