El Partido Popular y Vox han pactado las vías del nuevo Ejecutivo valenciano, en un acuerdo formado por cincuenta medidas que ha sido ratificado este jueves, 15 de junio.

Cincuenta puntos que incluyen algunas líneas muy polémicas, como la posible supresión de la Ley de Memoria Histórica o la reactivación de la de Señas de Identidad, que ya fue puesta en marcha por los 'populares' valencianos cuando contaban con mayoría absoluta. El texto sostiene: “Aprobaremos una Ley de Señas de Identidad que proteja los valores y costumbres y tradiciones de la Comunidad Valenciana como parte esencial de la plural riqueza de España. Por ello, eliminaremos las subvenciones a las entidades o asociaciones que promuevan los ”països catalans“. 

El programa gira en torno a cinco puntos básicos: la "libertad", el "desarrollo económico", la "protección de la sanidad pública y los serivicios sociales", la "defensa de las señas de identidad propias" y la "protección de las familias". Algunas de las medidas que expone el texto son la derogación de la tasa turística, la eliminación las políticas de fomento del valenciano que tomaron Compromís, UP y los socialistas valencianos, o la autorización del contenido de las actividades extraescolares por parte de los padres.

En materia económica, el documento expone bajadas masivas de impuestos (IRPF, tasas autonómicas, eliminación del impuesto de sucesiones y del de patrimonio), pero, paralelamente y a pesar de dicho descenso de la recaudación, promete aumentos de la inversión en Sanidad Pública. En la misma línea, hace referencia a la "disminución del gasto político".

"Violencia intrafamiliar"

A su vez, uno de los puntos en los que parece haberse impuesto el argumentario de Vox es en el de familia. En ningún punto del acuerdo se habla de violencia machista o de género, sino que, en su lugar, se habla de "violencia intrafamiliar", "en especial la que sufren las mujeres y los niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas". En esta línea, fuentes del PSOE valenciano denuncian que "un punto del acuerdo PP-Vox asume íntegramente las tesis negacionistas de Vox respecto a la violencia de género, omitiendo incluso su definición". A su vez, cabe recordar que el candidato que presentó Vox para presidir esta comunidad autónoma, Carlos Flores Juberías, fue condenado años atrás por violencia machista, hechos que le han obligado a renunciar al cargo y que el PP señaló como "un problema" para formar Gobierno.

Del acuerdo se desprenden algunos aspectos no aclarados del todo, como por ejemplo, en el bloque de "libertad": "Garantizaremos la libertad de memoria y el absoluto y pleno respeto a los derechos y libertades de todos, y se derogarán las normas que ataquen la reconciliación en los asuntos históricos". La formación ultraderechista ha dejado clara su intención de derogar la Ley de Memoria Histórica y las leyes que ellos denominan "de género", pero el Partido Popular no compra esta parte del relato de Vox, especialmente en las leyes de igualdad ni las de violencia machista.

En el último bloque del acuerdo, el de “seguridad”, el documento se mete de cabeza en la inmigración, con premisas como la siguiente: “La Generalitat Valenciana, dentro del ejercicio de sus competencias, pondrá en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado los posibles casos de inmigración ilegal con especial atención a las mafias organizadas. De igual manera, eliminaremos las subvenciones a entidades que amparen estas prácticas”. Una generalización que no deja especialmente claros sus objetivos, pero que podría dejar sin recursos a todas aquellas organizaciones que ayudan a las personas migrantes a integrarse en la sociedad española.

Este es el acuerdo íntegro que ratifican el Partido Popular y Vox para el Gobierno de la Comunidad Valenciana: