Despues del acuerdo del Gobierno con Bildu para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, la derecha española se ha echado encima de Pedro Sánchez debido a su pacto con los definidos por ellos como "herederos de ETA". Según Pablo Casado, el presidente del Gobierno "ha cruzado ya una línea negra al pactar con Bildu a cambio de acercar a presos de ETA con delitos de sangre a sus espaldas a cárceles cercanas al País Vasco".
Asímismo, el líder popular ha definido el pacto como "indignidad moral" reflejando que su partido deber ser "la casa común" de todos los que se oponen a él. A pesar de su duras palabras contra el acuerdo alcanzado por el Ejecutivo, Pablo Casado votó en contra de la ilegalización del partido abertzale en 2012, una propuesta que llevó al Congreso de los DIputados Rosa Díez cuando estaba al frente de UPyD y Casado era diputado en las Cortes por el Partido Popular.
Todos los grupos parlamentarios, incluido el PP, votaron en contra de la propuesta de Díez. Solo hubo cinco votos a favor y fueron los de UPyD. De hecho, el diputado del Partido Popular, Leopoldo Barreda, acusó a Díez de promover la iniciativa con el objetivo de "poner en entredicho al Gobierno" y estar basada en la "demagogia y el oportunismo". "No admitimos de usted ni media lección", llegó a expresar Barreda a Rosa Díez.
Un año más tarde, el 9 de abril de 2013, UPyD pidió endurecer la Ley de Partidos para ilegalizar a Bildu, Sortu y Amaiur. El resultado fue el mismo y el PP volvió a abandonar a la ahora cercana Rosa Díez. José Antonio Bermúdez de Castro, diputado popular, tachó la medida de "innecesaria, carente de rigor jurídico y contraproducente" y acusó a la dirigente de UPyD de "oportunista".
A pesar de las soflamas actuales por parte de la formación de Pablo Casado, el PP estuvo de acuerdo con que los partidos independentistas del País Vasco fueran legales, respetando así la decisión del Tribunal Constitucional. Ante la lógica consrvadora, ¿fue Pablo Casado cómplice de la viabilidad legal de "los herederos de ETA?".
