El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha denunciado este jueves que el 'caso Bateragune' forma parte del "lawfare" contra el independentismo vasco, y el intento del Estado de impedir que "la violencia armada de ETA desapareciera de la ecuación política de este país". En este sentido, ha comparado esta estrategia con la "guerra sucia" contra los independentistas catalanes que se publica desde el lunes en dos periódicos de tirada nacional y que hacen referencia a la época del primer Gobierno de Rajoy.

Otegi, acompañado de otros condenados por el caso Bateragune como Miren Zabaleta, Arkaitz Rodriguez y Rafa Diez, ha comparecido en rueda de prensa en San Sebastián después de que el Tribunal Constitucional les haya amparado y rechazado la repetición del juicio al que fueron sometidos porque vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que no se puede juzgar dos veces a una misma persona por los mismos hechos.

En su intervención, el líder de EH Bildu ha asegurado "con absoluta crudeza" que el 'caso Bateragune' -de reconstrucción de la Mesa Nacional de la ilegalizada Batasuna- se enmarcó en el objetivo del Estado de que "la violencia armada de ETA no desapareciera de la ecuación política".

Además, ha subrayado que fue una actuación más en la "persecución" al independentismo vasco, que buscaba "provocar desórdenes dentro del Movimiento Vasco de Liberación Nacional, y escisiones", con el objetivo de "neutralizar su potencial político". "Se ha tratado de un caso de 'lawfare con objetivos políticos claros", ha asegurado.

No obstante, ha apuntado que ha sido "un fracaso rotundo" porque "hoy la izquierda independentista es la primera fuerza política electoral en Euskal Herria".

El TC ampara a Otegi y no permite repetir el juicio del 'caso Bateragune'

El Tribunal Constitucional (TC) ha amparado al líder de EH Bildu Arnaldo Otegi al considerar que repetir el juicio del denominado 'caso Bateragune' vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva del dirigente vasco al infringir el principio de 'non bis in idem'. Es decir, ha prohibido juzgar dos veces a una misma persona por los mismos hechos.

La decisión ha sido adoptada por siete votos a favor y cuatro en contra y se dictarán tres votos particulares y cuatro votos concurrentes. Los magistrados del Pleno han avalado la ponencia redactada por el magistrado Juan Carlos Campo que propone amparar al líder de Bildu al entender que volver a sentarle en el banquillo por el 'caso Bateragune' supondría una vulneración de derechos.

La decisión del órgano abre la puerta a que Otegi pueda reclamar una indemnización al Estado al declarar vulnerados sus derechos fundamentales. La corte de garantías ha estimado el recurso de amparo de Otegi contra la decisión que el Tribunal Supremo adoptó en 2020 de anular la sentencia dictada en 2012 por la Audiencia Nacional (AN) -que condenó a Otegi y los demás acusados a penas de entre 6 años y 6 años y medio de prisión por un delito de pertenencia a organización terrorista- y ordenar celebrar un nuevo juicio.

El Supremo siguió el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que determinó que la AN vulneró el artículo 6.1 del Convenio Europeo, ya que entendía el "temor legítimo" de los acusados a una falta de imparcialidad del tribunal. Estrasburgo estableció que el juicio de la Audiencia Nacional no cumplió con todas las garantías, al formar parte del tribunal la magistrada Ángela Murillo, que anteriormente, en 2010, había sido apartada por supuesta falta de imparcialidad en otro juicio distinto por enaltecimiento del terrorismo en el que también estaba acusado Otegi.

En aquella vista oral, Murillo preguntó a Otegi si condenaba a ETA y, ante la negativa de éste a ofrecer una respuesta, la juez le dijo que ya sabía que no le iba a contestar. El Supremo apartó del caso a la magistrada, que ejercía de presidenta del tribunal, al apreciar en ella "prejuicio". La vista oral fue repetida y el exportavoz de Batasuna resultó absuelto en ese procedimiento.

Tras la decisión del Supremo de repetir el juicio, Otegi acudió en amparo al Constitucional, que acordó tramitar la impugnación accediendo también a la medida cautelar solicitada por el político vasco, con lo que dejó en suspenso la ejecución de la sentencia del Supremo hasta resolver el fondo del asunto.

Posteriormente, la Fiscalía del TC emitió un informe en el que se mostró a favor de que el tribunal otorgase el amparo a Otegi, oponiéndose de esta forma a que se repitiese el juicio por el denominado 'caso Bateragune'. El fiscal entendió que, al solicitar una reparación de sus derechos en base a la sentencia del TEDH -mediante el recurso de revisión formulado ante el TS-, Otegi y los demás recurrentes eran quienes podían determinar cuál era la reparación "más adecuada", y estos no pidieron la repetición del juicio.