Este mes de septiembre, Castilla y León, y sobre todo la ciudad de León, viven un inicio de curso marcado por la Operación Enredadera, la presunta trama de corrupción que ha mandado a prisión al todopoderoso empresario José Luis Ulibarri y que ha trastocado la vida política en la región. En rojo, en el calendario estaba marcada la fecha del 11 de septiembre, cuando el ya dimitido José María López Benito, alias Yiyo, estaba citado a declarar en los juzgados de León junto a otros dos altos funcionarios del Ayuntamiento salpicados por la trama. Sin embargo, sus comparecencias han sido anuladas por el juez en el último momento.
López Benito lo había sido todo en el Partido Popular de León. Presidió la formación entre 2000 y 2004, fue el líder regional de Nuevas Generaciones, diputado provincial, procurador en las Cortes autonómicas… y en la última etapa, de rebote, concejal de Infraestructuras y Deportes. Fue en este puesto donde, según la investigación, se convirtió en “la persona con la que hay que tratar para ir moviendo los asuntos con fin de obtener futuras adjudicaciones”.
El propio juez instructor de Badalona que inició la Operación Enredadera se refería a López Benito en sus autos como “indudable intermediario y conseguidor en su zona de influencia, como es León”. Una conclusión a la que llegaba por su “condición de teniente de alcalde de León y concejal de Infraestructuras y Obras”, así como por su “amista con Ángel Luis [El Patatero] y José Luis Ulibarri”. Además, el instructor aprobó prorrogar los pinchazos a Yiyo “habida cuenta de los contactos que ha tenido con Ángel Luis en relación con la trama corrupta de Gespol”.
Yiyo dimitió de sus responsabilidades a finales de julio, después de que la Policía Nacional precintase y registrase su despacho. La excusa era poder prepararse para su declaración ante el juez. Sin embargo, mantuvo su acta de concejal y siguió cobrando su dedicación exclusiva y sus 14 pagas de 3.200 euros. Su dimisión absoluta no llegó hasta que las informaciones desveladas por ElPlural.com provocaron que el PSOE de León promoviese una moción de censura contra el alcalde, Antonio Silván.
Dicha moción de censura contaba con el aval de toda la oposición, pero necesitaba el apoyo de Ciudadanos León. Sin embargo, la formación naranja perdonó al alcalde a cambio de que López Benito se marchase del Ayuntamiento. Lo que acabó haciendo el 7 de agosto “para no ser la coartada del grupo Ciudadanos” y que el PP siguiera gobernando en el Consistorio.
Sorprendentemente, el principal motivo para su dimisión, la inminente declaración en el juzgado, ha sido suspendida por el juez en aras del “derecho a la defensa” de López Benito y los otros dos altos funcionarios del Ayuntamiento. La razón es que todavía no se ha entregado a las partes la información y los informes elaborados a partir de los registros efectuados en las dependencias del Ayuntamiento de León. Además, faltarían por hacerse públicas las intervenciones telefónicas de los últimos tres meses de la investigación, por lo que los acusados no tendrían información para defenderse.