Miembros de Podemos han desmentido a ElPlural.com la separación de Irene Montero y Pablo Iglesias así como la venta de la vivienda familiar, publicada por El Economista y de la que se ha hecho eco este medio. Asimismo, ellos han mostrado su malestar por la publicación de lo que afirman que es un bulo. Nadie quiere desmentirlo oficialmente porque sostienen que ello implicaría "hacer que la bola crezca más" aunque reconocen que los rumores sobre la separación de la pareja de políticos son insistentes y circulan desde hace meses.

En las últimas horas se ha confabulado con que Pablo Iglesias e Irene Montero habrían roto su relación espués de cinco años juntos y ser padres de tres hijos. Este periódico  se ha hecho eco de la noticia publicada por el Economista, que cita al medio El Cierre Digital; sin embargo, varios miembros de Podemos lo han desmentido en declaraciones a ElPlural.com.

“La pareja rompió el pasado mes de marzo”, según personas cercanas a ellos que citan dichos medios. Unos meses después se produciría la dimisión de Iglesias, lo que habría agravado la situación familiar.

Como consecuencia de la ruptura, la pareja habría vendido el chalet de Galapagar que ha sido objeto de polémicas y lugar de reunión para el acoso continuo que ha vivido la pareja desde su llegada al Consejo de Ministros.

Juntos de vacaciones

Aunque desde Podemos se niegan oficialmente a dar información sobre la relación entre Pablo Iglesias e Irene Montero porque "es algo que corresponde a su vida privada" y manifiestan un rechazo absoluto a entrar en el "cotilleo rosa por no hablar de periodismo basura", otras fuentes han señalado a ElPlural.com que no sólo es falso que se hayan separado sino que "la familia al completo se irá junta de vacaciones en agosto" y que es "otro fake" que hayan puesto a la venta la residencia familiar. El destino de sus vacaciones se mantiene en absoluto secreto.

Cabe recordar que la familia Montero/Iglesias fue sometida a un acoso nunca visto a políticos en este país durante las vacaciones del pasado año en Asturias, hasta el punto de que se vieron obligados a suspender sus vacaciones e incluso un restaurante que les servía comidas recibió amenazas y sufrió boicot por parte de la ultraderecha.