Más de 4.000 ancianos muertos en las residencias en el año 2020 por el covid se podrían haber salvado. Esto es lo que demuestra una vez más el Informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid, presentado este viernes en el Ateneo de la capital, sobre lo ocurrido en la pandemia en la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso. En concreto, este análisis asegura que el 21,5% de los mayores que vivían en estos centros fallecieron en los meses de marzo y abril del primer año de incidencia por la mala atención y por la decisión de no derivarles a los hospitales.
Un informe sobre las residencias de Ayuso
"No pretendemos suplantar a nadie, simplemente hacemos un trabajo con rigor y metodología. Era una situación excepcional en todo el mundo, y los políticos tuvieron una urgencia de tomar decisiones, pero no todas las comunidades actuaron de la misma forma", ha defendido este viernes el presidente de la Comisión y magistrado emérito del Supremo, José Antonio Martín Pallín. Un documento que descata que el 21,5% de los mayores que vivían en residencias en Madrid fallecieron entre el 1 de marzo y el 30 de abril por la decisión del Ejecutivo de Ayuso de no derivarles a los centros hospitalarios.
Según la Comunidad de Madrid, en esos dos meses murieron 9.470 personas que tenían su domicilio en una residencia. De ellos, 7.219 lo hicieron sin haber sido trasladados a un hospital, ya que el Gobierno de Ayuso limitó los traslados de los residentes ante la presunta medicalización de las residencias que nunca sucedió. Así las cosas, y según estas cifras, el informe denuncia que las residencias de la región registraron una mortalidad de un 129% más elevada de lo esperado, en relación a las plazas con las que contaba respecto al resto de España.
El texto pone en foco no solo en las deficiencias de las residencias sino también en la falta de tests y de preparación, la ausencia de mascarillas y EPIS, o la reducción del personal. No había médicos disponibles ni respiradores y tanto las direcciones de las residencias como los geriatras de enlace de los hospitales siguieron los protocolos que desde Sanidad se implantaron y les mandaron, los cuales vetaron las derivaciones para mayores dependientes o con enfermedades previas importantes.
No se "hubieran muerto igual"
Según recoge el informe y ha destacado Fernando Lamata, experto en Gestión y Administración Sanitaria y miembro de la comisión ciudadana, "de 120 derivaciones diarias se pasó a 65 en las peores semanas, del 7 a 31 de marzo y se pone de puerta de entrada el geriatra de referencia. No se medicalizaron las residencias, los recursos que había se derivaron a Ifema". Así, no "se hubieran muerto igual", como ha llegado a sostener Ayuso en la Asamblea para defenderse, dado que "el 65% de los que fueron derivados sobrevivieron, de manera que podrían haberse salvado más de 4.000 personas", ha sostenido.
Además de reducir las derivaciones a hospitales, el texto recuerda que ni una sola persona de residencias fue derivada a la sanidad privada, que tenía 1.000 camas libres, las ambulancias no recogían enfermos sin la autorización del geriatra de enlace y solo aquellos que tenían seguros privados pudieron llamar a las ambulancias. Pero también otro punto que destaca el informe presentado este viernes es que la reacción cuando se presentó la pandemia fue tardía y escasa.
También se hacen eco de la investigación que se hizo en la residencia de Monte Hermoso, después de que se produjeran 16 defunciones en 72 horas. "La epidemióloga de área se desplaza al centro el domingo 15 de marzo. Como consta en su declaración ante la jueza, constató la situación, propuso soluciones y envió un mensaje a sus superiores en la subdirección de epidemiología, con la intención de que fuera útil para tomar medidas de prevención y control en todas las residencias de la Comunidad de Madrid. No nos consta que sus superiores siguieran sus recomendaciones", relata.
Hasta el momento, la Justicia suma 19 pronunciamientos que desestiman las responsabilidades de la Comunidad de Madrid en lo ocurrido, el último, por la muerte de dos residentes en sendas residencias de Parla, en el que la Audiencia Provincial dedujo que la atención desplegada "fue la adecuada". La Audiencia Provincial de Madrid sí obligó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Collado Villalba a reabrir el pasado año una causa contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y sus exconsejeros de Sanidad e Interior, Enrique López y Enrique Ruiz Escudero.
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