La querella de Manos Limpias acusa al Gobierno de no disolver las concentraciones en diferentes ciudades españolas, a pesar de la prohibición de la Junta Electoral Central. El viernes pasado, el líder del PP, Mariano Rajoy,  afirmó, que si él fuera ministro del Interior cumpliría la ley en lo que respecta a la resolución de la Junta Electoral que prohíbe movilizaciones en la jornada electoral ".

Los argumentos del sindicato
Según Manos Limpias, “la concentración adolece de la correspondiente y preceptiva autorización de la delegada del Gobierno en Madrid”. El sindicato cita la Ley Orgánica 9/1983 reguladora del derecho de reunión, que exige, según indica, que “la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberá ser comunicada por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de aquellas, con una antelación de 10 días naturales, como mínimo, y 30 como máximo”. Un requisito que, de acuerdo con la acusación, no se ha cumplido.

"Un doble acto ilícito"
Manos Limpias afirma en su escrito que se “ha producido un doble acto ilícito e ilegal por parte de las autoridades gubernativas. Por un lado, una concentración permanente sin el permiso de la autoridad competente y, por otro, el desafío a las resoluciones de la Junta Electoral Central y al Tribunal Supremo”.