La aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) por parte del Gobierno de Pedro Sánchez suponía un balón de oxígeno para muchas familias. La prestación fue celebrada incluso por sectores de la derecha que otrora la denostaban. No obstante, tras más de dos meses desde su puesta en marcha, los potenciales receptores denuncian trabas burocráticas. Uno de los casos más sangrantes se da en la Comunidad de Madrid, donde Más Madrid ha denunciado que tanto Isabel Díaz Ayuso como el alcalde José Luis Martínez-Almeida están obstaculizando la aplicación real y efectiva del IMV.

A través de un comunicado, la formación liderada por Íñigo Errejón ha urgido al Ejecutivo regional y al consistorio de la capital a coordinarse mejor con todas las administraciones para garantizar el cumplimiento de la protección social, que es “imprescindible” dadas “las devastadoras consecuencias de la crisis económica derivada de la Covid-19”.

Más Madrid denuncia que tanto “las dificultades burocráticas que se requieren para acceder a las prestaciones del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta Mínima de Inserción (REMI)” como “la descoordinación entre las distintas Administraciones implicadas están profundizando la desigualdad y poniendo en peligro la subsistencia básica de las personas a las que van destinadas estas prestaciones”.

La oposición considera que Ayuso no está precisamente facilitando el acceso a las prestaciones sociales. Y es que, hace pocos días, la Comunidad de Madrid remitió una carta a las familias preceptoras de la Renta Mínima imponiendo un plazo de 10 días para decidir si quieren renunciar al RMI para acogerse al IMV.

“Sin asesoramiento y sin tener en cuenta que la Seguridad Social está cerrada, el trámite solo se puede hacer desde aplicación on-line, lo que agrava la exclusión por la brecha digital”, denuncia Más Madrid. Además, recuerda que “Servicios Sociales no da cita para presentar solicitud y en algunos Centros, como el de Vallecas”, que no lo hará hasta finales de septiembre”.

En sete sentido, el diputado Emilio Delgado ha espetado que “la falta de atención presencial unida a la falta de citas en Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid provoca que las familias solicitantes no puedan cumplir el plazo de 10 días marcado por la Comunidad, lo que deriva en la suspensión de estos ingresos que les son imprescindibles a estas familias, vulnerando sus derechos sociales”.

La portavoz autonómica de la formación, Mónica García, ha instado al Gobierno de Ayuso aclarar que hará con los fondos de la Renta Mínima: “Si buena parte de los perceptores de RMI van a pasar a percibir exclusivamente el IMV, queremos saber qué va a hacer la Comunidad de Madrid con esos ingresos que va a dejar de proporcionar a las familias vulnerables”.

A este respecto, Más Madrid ha sugerido que el dinero no gastado en la REMI se destine a complementar el IMV para alcanzar unas cuantías más altas.

Por su parte, la Asociación de Víctimas del Paro ha respaldado el planteamiento de Más Madrid. Eso sí, en declaraciones a ElPlural.com apuntan que “además de eso, se debe de intentar reducir el plazo de 90 días en la aprobación o denegación de solicitudes” y eliminar “requisitos que están dejando fuera solicitudes como por ejemplo no tener cuenta bancaria, no tener una dirección censal (deja fuera a las personas sin techo), tener personas en el certificado de empadronamiento colectivo histórico que ya no viven ahí, personas que comparten piso por no tener recursos económicos suficientes... “.