Mientras todas las fuerzas progresistas han celebrado la puesta en marcha del ingreso mínimo vital (IMV), una prestación para los hogares más vulnerables que llegará a unos 850.000 hogares a partir de este mes de junio, la derecha ha ido modelando su discurso con el paso de los días y la euforia general de gran parte de la sociedad española -cabe recordar que en el barómetro del CIS del mes de mayo un 83,4% se mostró favorable a la iniciativa-.

En este sentido, Ciudadanos rápidamente se volvió a distanciar de Partido Popular y Vox y no ha dudado de tildar la medida de “absolutamente necesaria”. La única nota discordante dentro de los naranjas ha sido Marcos de Quinto, ya fuera de Cs​, quien calificó esta iniciativa como "sueldo Nescafé para toda la vida".

Más vaivenes han ido dando los populares, quienes en un primer momento se mostraron dubitativos con el IMV y su “transparencia”, y posteriormente han ido aceptándola, aunque con matices. “Nosotros estamos a favor de que exista una renta mínima vinculada a la búsqueda activa de empleo […] Hay que proteger a los españoles y votaremos que sí”, ha señalado este lunes el vicesecretario del PP Jaime de Olano. Por su parte, la vicesecretario general de Política Social de los azules, Cuca Gamarra, ha apuntado que el sentido de su voto “dependerá de los matices” del decreto.

No obstante, no todos los dirigentes del PP han emprendido este giro de timón. Nuevamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha desmarcado de sus compañeros de partido y ha rechazado esta medida argumentando que se trata de un “regalo” que crea a los beneficiados dependencia del Estado y constituye una herramienta “para igualar a la baja”. "Estas ayudas se tienen que entender como una palanca hacia el empleo; no pueden perpetuar a las personas esperando y dependiendo eternamente del Estado", añadía la dirigente madrileña en unas declaraciones realizadas durante una visita al Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (Imidra). Un razonamiento que también ha defendido su consejero de Hacienda, el ultraliberal Javier Fernández Lasquetty, quien en una entrevista concedida a esRadio aseguró que había un “componente ideológico y sectario” en dicho ingreso. “Es un intento claro de hacer peronismo a gran escala”, sentenció.

Y al igual que Ayuso, FAES también ha rechazado esta medida. La Fundación que preside José María Aznar ha publicado este lunes un análisis en el que apuntan que “el Estado de bienestar solo se da en economías de mercado, abiertas y basadas en iniciativa empresarial. No existe Estado de bienestar en las economías de la privación y la miseria soñadas por la extrema izquierda populista y predicadas por esta como sus modelos”. “No será un sistema temporal sino estructural y no está claro que la extraordinaria complejidad del diseño de esta política contribuya a una gestión eficaz y a una evaluación rigurosa de sus resultados", vaticina FAES.

Y si el PP ha ido girando ligeramente el timón, Vox ha ido dando bandazos por todas partes, fiel a su estilo. En un primer momento, el partido ultraderechista tachó el IMV de “auténtica broma” o “paguita”. Posteriormente, tras la buena acogida que tuvo la medida, se optó por suavizar el discurso y la semana pasada abrieron la puerta a apoyarlo, dadas las circunstancias actuales (un 49,4% de los votantes se mostró favorable a la iniciativa en el CIS mencionado, frente a un 42,6% que la rechazaba). Y pocos días después, el partido ultra que lidera Santiago Abascal ha vuelto a sus fueros y ha adelantado, en boca de su portavoz, Jorge Buxadé, que votará en contra del decreto porque consideran que “cronifica” la pobreza, es “antinacional” porque el reparto de esas ayudas corresponde a las CCAA y además supone un efecto llamada “a gritos” de inmigrantes ilegales, pese a que una de las condiciones para percibir el IMV sea ser español o tener residencia acreditada en España con un año de antigüedad.