Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han solicitado a la Agencia Tributaria (AEAT) que cambie la postura exculpatoria que ha mantenido hasta ahora y pase a acusar a la Infanta Cristina a través de la Abogacía del Estado por dos delitos fiscales después de la decisión de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de mantenerla en el banquillo de los acusados por el caso Noós y no aplicarle finalmente la doctrina Botín.

Según Gestha, dicha decisión confirma que “Haciendo sí somos todos”, lo que contradice la postura de la Abogacía del Estado, expresada en concreto por la abogada María Dolores Ripoll, quien durante la vista preliminar del caso llegó a asegurar que dicho lema era solo un slogan publicitario sin relevancia jurídica, con la intención de desapoderar a la acusación popular y así evitar que la infant fuera encausada.

Los técnicos de Hacienda exigen a la AEAT que sea consecuente con la decisión judicial y también acuse a la infanta como cooperadora necesaria en los dos delitos contra la Hacienda Pública que se le atribuyen a su esposo, Iñaki Urdangarin, en el IRPF de 2007 y 2008. Para este colectivo, en la instrucción del caso Nóos se recogieron indicios de sobra para que Hacienda realice dicha acusación.

Gestha cree que el último auto que deja a la infanta en el banquillo es ya el “tercer varapalo” que sufre Hacienda, después de que se ratificase su imputación por la posible cooperación en los delitos fiscales de su marido en enero de 2014 tras retirarse la inicial imputación por blanqueo de capitales.

El colectivo que agrupa a los técnicos ha mostrado su decepción porque Hacienda se haya apartado de la tesis mantenida inicialmente por los peritos, quienes mantuvieron que las sociedades satélites que fueron constituidas para vaciar de fondos el Instituto Noos eran entidades "pantalla" sin estructura, ni trabajadores cualificados para los supuestos trabajos que facturaban, en las que las esposas de Torres y Urdangarín eran socias al 50% con sus maridos.

Esta simulación de empresa habría servido para ocultar las rentas obtenidas por los maridos de ambas y así defraudar a Hacienda, tanto en renta como en sociedades, con la finalidad de canalizar las rentas del trabajo de los socios fuera del control fiscal.

Gestha recrimina a Hacienda que se haya alejado de la práctica habitual establecida en los artículos 41 y 42 de la Ley General Tributaria, que especifican la responsabilidad tributaria y determinan quiénes son responsables solidarios de la deuda. Dicha norma sostiene que "serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria las personas que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes con la finalidad de impedir la actuación de la administración tributaria".