El exministro de Justicia y diputado del Partido Popular, Rafael Catalá Polo, carece de la autorización del Congreso para realizar las actividades privadas en las que ha ido recalando desde que se viera obligado a dejar el Gobierno, tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. Un permiso obligatorio para todos aquellos diputados y senadores que quieran compaginar la labor parlamentaria con otros trabajos en el sector privado.

En la actualidad, al margen de su cotizado puesto como diputado de la Diputación Permanete  y de sus responsabilidades en el Comité Ejecutivo del PP -la cúpula de la Génova de Pablo Casado-, Catalá tiene otros cuatro empleos que, además, no aparecen en su declaración de actividades, la cual lleva sin renovar desde julio de 2016, nada más ser elegido como diputado por Cuenca.

Catalá fue uno de los primeros ministros de Rajoy que se apuntó a la moda de fichar por bufetes privados, como la semana pasada hizo la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, con su polémica incorporación al bufete Cuatrecasas. En su caso, Catalá es senior advisor del bufete inglés Herbert Smith Freehills. A esto suma su papel de miembro  del Patronato de la Fundación Atlético de Madrid y del Patronato de la Fundación Legálitas. Tres puestos adicionales al que hay que añadir un cuarto, pues figura como abogado en ejercicio del Colegio de Abogados de Madrid.

Catalá se queda de diputado

Y es que Catalá, para progresar adecuadamente en su trayectoria profesional, desde que ha tenido uso de razón administrativa y mercantil, ha hecho lo inimaginable para estar en el lugar y en el momento adecuado. Con ese instinto de supervivencia que le caracteriza, tras su cese imprevisto por la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, lo primero que hace es continuar como diputado.

Esa condición le hace aforado, pero le compensa incluso a renunciar a la indemnización por cese de actividad que podía haber percibido durante dos años, una especie de paro para altos cargos. La explicación está en que sabe que, tras la dimisión de Rajoy como presidente del PP, se elegirá un sustituto que podría integrarle en su nueva dirección. Su apuesta es por la candidatura de María Dolores Cospedal, su hada madrina manchega, quien tras perder las primarias se aliaría con Pablo Casado y contra Sáenz de Santamaría.

La victoria de Casado supone que Catalá entre en el Comité Ejecutivo Nacional que preside Pablo Casado. Desde entonces allí sigue y de propina acaba de ser designado una vez más cabeza de cartel para las elecciones generales por la circunscripción de Cuenca.  

La suerte le sigue sonriendo y poco tiempo después de anunciar que sigue de diputado, el 18 de septiembre es elegido presidente de la Comisión de Interior. Para sus finanzas y comodidad logística no es un hecho menor. Su elección le supone un importante incremento en sus retribuciones, dado que los presidentes de Comisión cobran un plus de 1.512,22 euros cada mes. Entre unas cosas y otras, 80 mil € anuales.

Cargos en el sector privado

Pero no contento con ello, Catalá quiere más y ahí es donde surgen los problemas. Apenas cuatro meses después de abandonar el gobierno, y una vez que comprueba que está cómodamente asentado en el Congreso, solicita a la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda, la autorización para ejercer la actividad privada, sin esperar a los dos años siguientes a la fecha de su cese, tal como establece el artículo 15 de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

En noviembre, dos meses después de solicitarlo, fue autorizado el 26 de noviembre del 2018 al entender la responsable de la Oficina de Conflictos que sus nuevos trabajos en entidades privadas no se han visto afectados por decisiones en las que haya podido participar durante su etapa como ministro de Justicia. Es a partir de esta autorización cuando a Catalá no le queda otra que hacer públicos sus cuatro empleos paralelos: abogado, senior advisor en un bufete inglés y Patrono en el Atlético de Madrid y en Legálitas.

Sin embargo, no consta que el exministro en su condición de diputado haya hecho el trámite obligatorio ante el Congreso, donde sigue siendo diputado a todos los efectos pese a la disolución de las Cortes, dado que forma parte como titular de la Diputación Permanente del Congreso. Pincha aquí para consultar la normativa vigente sobre incompatibilidades de los diputados.

Ni en la declaración, ni aprobadas en Pleno

Rafael Catalá lleva sin actualizar publicamente su declaración de actividades desde 2016, donde informa parcamente que es ministro de Justicia y que por ello ha cobrado 50.760,58 euros netos al año. Una declaración que fue dictaminada por la Comisión del Estatuto el 23 de febrero del 2017 y por el Pleno del Congreso el 29 de junio de ese mismo año. Votaron a favor la mayoría de los Grupos Parlamentarios con la abstención del PSOE.

A diferencia de la Oficina de Conflicto de Intereses de la Administración, no consta en la web del Congreso que Catalá haya presentado una ampliación de su inicial declaración de actividades tras su dimisión como ministro. Como tampoco consta que, de haberlo hecho, esta haya sido aprobada por la Comisión del Estatuto del Diputado y por el Pleno del Congreso.

Y eso que son varios los diputados que desde el 1 junio del 2018 sí han presentado declaración de actividades. En algunos casos han sido dictaminadas por la Comisión del Estatuto (16 de octubre) y aprobadas por el Pleno (25 de octubre) y en otros, las que van desde noviembre del 2018 hasta febrero del 2019, no han podido ser ni dictaminadas, ni aprobadas, por haber decaído tras la disolución anticipada de las Cortes.

En consecuencia y a la vista de todo lo anterior se puede afirmar que sus nuevas actividades remuneradas en el sector privado no han sido autorizadas por el Congreso de los Diputados lo que sitúa a Catalá en un difícil posición legal y ética que en cualquier otro país de la UE se saldaría con su dimisión.

Seguiremos informando