Desde el pasado 2 de septiembre del 2019 la placentera vida de Esperanza Aguirre se ha convertido en una carrera contra reloj para lograr que el juez García Castellón archive la investigación abierta sobre ella en el Caso Púnica y más en concreto en su PS 9 que trata de la financiación ilícita del PP de Madrid. El próximo día 27 de agosto finalizará la instrucción.

Y es que como recordarán nuestros lectores ese 2 de septiembre el citado juez firmó un autoa propuesta de la Fiscalía Anticorrupción, que literalmente decía: “respecto de Esperanza Aguirre Gil de Biedma, desde su condición de candidata, presidenta del gobierno regional y del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, la investigación arroja indicios racionales de que sería quien ideó la búsqueda de recursos que financiarían las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad. Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad de Madrid".

Se la acusa de delitos continuados de cohecho, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral, “sin perjuicio que pueda revelarse la comisión de cualquier otro”.

A partir de ese auto su agenda de jubilada ha estado marcada por los ritmos de la instrucción, suspendidos durante 82 días por el coronavirus y que han sido retomados recientemente. Los nuevos datos que se han ido conociendo, tanto documentales como testificales, la sitúan al borde del banquillo de los acusados. Sus abogados han hecho todo lo que estaba en sus manos para desviar la atención y dirigirla contra las fiscales. Son conscientes que tanto sus investigaciones, así como el interrogatorio al que sometieron a la propia Aguirre, dejan escaso margen para su estrategia de defensa. Las pruebas en su contra se van acumulando en particular gracias a las declaraciones de investigados que vinculan a Aguirre con la financiación irregular del PPM y a los numerosos informes, con soporte documental que ha aportado al sumario la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

01. Sobre los “testigos de cargo” estos son algunos ejemplos:

17.09.19. Germán Rasilla. Ex asesor del ex Consejero de Sanidad, Manuel Lamela (ambos investigados), afirma ante el juez García Castellón que las adjudicaciones de publicidad pasaban por la Consejería de Presidencia. Rasilla manifestó que tras su nombramiento en 2004 recibió la orden de que todos los contratos de publicidad debían pasar por la Consejería de Presidencia. 

15.10.19. Manuel Lamela Fernández. Ex consejero de Sanidad. Reconoce ante el juez García Castellón que durante una reunión improvisada en 2004 con la plana mayor del Gobierno regional le “invitaron” a contratar al proveedor electoral del PP, Horacio MercadoSegún Lamela, Aguirre y el propio Mercado estuvieron presentes en ese encuentro.

09.07.20. Isabel Jordán Goncet. Ex empleada de Francisco Correa. Se ratifica en su denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción el 7 de noviembre del 2019.  Declara haber asistido a varias reuniones de “maitines” que se celebraban semanalmente en la Puerta del Sol. Todos los asistentes eran cercanos a Aguirre:  Regino García Badell Jefe de Gabinete, Jefa de Prensa, Isabel Gallego, “Alberto López Viejo, Alejandro Halffter, Jaime Cantos de la empresa Lata Latina para los temas de la Web de la Comunidad de Madrid; los Jefes de Gabinete de cada una de las Consejerías que durante esa semana tuvieran participación en actos donde acudiría o pudiera acudir Aguirre”.

Nada se hacía sin la autorización de la presidenta. Según la denuncia “con el fin de potenciar la imagen de la Sra. Dª Esperanza Aguirre, se hacían continuos eventos, que podrían llegar a una media de 2 o 3 eventos al día, lo que podía suponer, más de 600 eventos al año. La inmensa mayoría de ellos organizados en escaso periodo de tiempo, incluso con tan solo 24 o 48 horas de anticipación, sin respetar las normas administrativas sobre concursos públicos, y por supuesto con gastos por evento, superiores a 12.000€ y 18.000€, según los límites de licitación respectivos marcados por Ley”.

09.07.20. Arturo González Panero. Ex alcalde de Boadilla del Monte. Se ratifica en su denuncia. Declara estar plenamente convencido que Aguirre no dejaba cabo suelto y que estaba en todos los detalles. El PPM gastaba “exageradamente” en las campañas electorales lo que provocaba serios desajustes contables. Su gerente Beltrán Gutiérrez, diga lo que diga Aguirre, era una persona de su absoluta confianza y en consecuencia no es creíble que no estuviera al corriente de las finanzas. Cambió los criterios del Plan Prisma favoreciendo la discrecionalidad de la CM que tenía un control absoluto a través de Jaime González TaboadaDG de Cooperación Local y Responsable en la Ejecutiva Regional del PPM de las relaciones con los municipios. Aguirre en su presencia intercedió a favor del constructor Villar Mir al que se le había adjudicado el metro ligero de Boadilla

09.07.20. Guillermo Ortega Alonso. Ex alcalde de Majadahonda. Se ratifica en su denuncia de 5 folios presentada ante la Fiscalía Anticorrupción el 3 de diciembre 2019. En su declaración niega haberse reunido ni concertado nada con las fiscales. Ratifica que Aguirre le conoce bien a pesar que ahora lo niegue. El es un genovés de pata negra. Se afilió en 1985 a Alianza Popular y lo ha sido todo en NNGG y PP de Madrid. Aguirre presidia y controlaba todo. Participó activamente en el apoyo a su candidatura a la Presidencia del PP de Madrid. 

Desde la dirección (Aguirre, González, Sarasola, etc.) se pedía a los alcaldes que recaudaran dinero en efectivo a través de donantes amigos, básicamente constructores. Tiene constancia que en muchas ocasiones la propia Aguirre daba las gracias a determinados donantes. Con motivo de las elecciones de octubre 2003, las celebradas después del Tamayazo, se celebró una reunión para pedir dinero en efectivo. En una ocasión comprobó en directo como el Tesorero Nacional del PP, Álvaro Lapuerta entregó en mano 60 mil € a Aguirre en su despacho de Génova 13. 1ª Planta.

Tras su salida no voluntaria de la alcaldía de Majadahonda, Aguirre le coloca en la Presidencia del Puerto Seco de Coslada y posteriormente en el Mercado de la Puerta de Toledo (100% de IMADE). Allí comprueba como se “pagaban facturas infladas para poder desviar fondos a los que la Presidencia de la Comunidad estimase oportunos” (…) se desviaron fondos para la mejora del PP de Madrid, el Gobierno Regional y la propia imagen de Esperanza Aguirre comprando favores de periodistas y medios de comunicación por medios de campañas institucionales”.

Esa misma política de favores se practicó con empresarios “como Jesús del Pozo o con la Asociación Victimas del Terrorismo(…) aquello era una maquina de gastar (…) en Aval Madrid, de la que formaba parte IMADE, se aprobaron prestamos recomendados-avalados por la misma Esperanza Aguirre a empresas relacionadas con el empresario publicista Madoz y un socio suyo Javier Gorgolas”.

02. Sobre los informas de la UCO

Sin ánimo exhaustivo, la financiación ilícita del PP de Madrid y el papel de sus dirigentes ha sido investigada y documentada en numerosos informes elaborados por la Guardia Civil, en funciones de policía judicial. Son decenas los interrogatorios realizados, la documentación requisada y analizada y la aportación de numerosos indicios delictivos cometidos por la cúpula del PP de Madrid, del Gobierno Regional y de numerosos empresarios. Entre otros destacamos los 7 siguientes:

  • 01.03.17. Informe sobre gastos campañas electorales PP Madrid 2007-2008-2011
  • 28.12.18. Informe sobre PP y su financiación campaña electoral 2011
  • 17.10.17. Informe sobre Laboratorio Almagro. Financiación PP Madrid.
  • 01.03.17. Informe sobre adjudicación cafetería Asamblea Madrid
  • 28.03.17. Informe ampliatorio adjudicación Grupo Cantoblanco cafetería Asamblea Madrid
  • 25.03.19. Informe sobre Over Marketing y CM
  • 29.05.19. Informe sobre financiación PP – Moyano - Indra Sistemas

Sobre estas bases documentales, testificales y contables la situación procesal de Esperanza Aguirre se ha ido progresivamente debilitando. Su papel protagonista en Fundescam, el impulso político para dedicar 1% de los contratos hospitales para publicidad encubierta dirigida a la financiación ilícita del PP, etc. son algo más que meros indicios sobre sus responsabilidades penales. Quedan 45 días y 45 noches para que García Castellón tome la decisión. Seguiremos informando.