Una de las cosas que ha permitido que este jueves la balanza de la Mesa del Congreso cayera hacia la izquierda ha sido el acuerdo del PSOE con Junts per Catalunya para que las distintas lenguas cooficiales de la nación se eleven a oficiales en la Unión Europea así como que se puedan usar en los debates parlamentarios de la Cámara Baja. Se trata de una reivindicación histórica de los nacionalistas que dividen al Hemiciclo en ideas y tiempos. Mientras estos defienden que se instaure ya, los socialistas piden calma para establecer el marco adecuado y la derecha lo critica.
El primer punto del pacto sobre este asunto ya se ha oficializado con el registro de la petición en las instituciones europeas, tal y como ha explicado minutos después del pleno el ministro de exteriores en funciones Jose Manuel Albares. Lo segundo de momento está enmarcado en el compromiso por parte de la socialista Francina Armengol como presidenta para "permitir" su utilización a partir de la misma constitución de las Cortes pero también a la espera de salvar algunos escollos legales y especialmente técnicos. Y es que aunque es posible, no es tan rápido como parece.
El reto de las lenguas cooficiales en el Congreso
Que una parte del acuerdo entre el PSOE y Junts per Catalunya para apoyar a la candidata Francina Armengol en la presidencia de la Mesa del Congreso pasara por el uso parlamentario de las lenguas cooficiales, tal y como se conoció este jueves, no pillaba por sorpresa. Un día antes, el miércoles al medio día, el secretario general Pedro Sánchez ya anunció durante la interparlamentaria socialista su intención de impulsar el uso del catalán, el vasco o el gallego en la Unión Europea en un claro guiño hacia los de Carles Puigdemont pero también con ERC, EH Bildu o el BNG.
Este, el de pedir a las instituciones europeas el registro de estos idiomas como lenguas oficiales, era un "fleco" en las negociaciones que finalmente salvaron con el registro oficial de la petición, a lo que se sumó también que se pudiera utilizar estas en los debates parlamentarios que se producen en el Congreso de los Diputados. Este hecho no está prohibido pero tampoco recogido como tal, lo que abre un interrogante sobre su aplicación. Sin embargo no es para nada una novedad en nuestro país, que tiene como precedente el Senado, donde desde el año 2005 se puede hablar en lenguas distintas al castellano.
Esto se consiguió con sendas modificaciones en el Reglamento de la Cámara Alta, lo que se ha intentado en varias ocasiones en el Congreso pero que ha sido rechazado por el PP y el PSOE durante años. Además, aunque su uso no está impedido por las reglas del parlamento sí ha sido vetado por los distintos presidentes de la Cámara Baja a la hora de las intervenciones. Sí han permitido utilizar algunas fórmulas o frases pero no los discursos íntegros en estas lenguas, algo que promete cambiar por la "voluntad política" de la izquierda y nacionalistas.
Complicaciones legales y técnicas
SIn embargo su implementación se abre a algunas incógnitas, especialmente sobre si es necesario una reforma del Reglamento en línea con lo que ha sucedido en el Senado para introducirlo como una opción o si simplemente que la presidenta deje a los diputados y diputadas intervenir en el idioma oficial que prefieran. Pero una modificación sí ampliaría el marco para que se pueda registrar los documentos, preguntas o cualquier otro papel en la Cámara sin necesidad de que sea en castellano. Eso sí, los tiempos podrían ser largos ya que el reglamento es una ley orgánica y tiene que seguir la tramitación normativa.
Fuentes cercanas aseguran que este asunto podría salvar un primer escollo para una implementación más inmediata alcanzando un acuerdo dentro de la propia Mesa -que tiene mayoría de izquierdas con 5 asientos para PSOE y Sumar y 4 para el PP, que ha dejado fuera a Vox- mientras se resuelve el problema legal, aunque también podría darse a través de un procedimiento de urgencia mediante lectura única. Unas dudas que se suman al reto técnico que supone que se hable hasta en cuatro lenguas distintas en el Congreso.
En el Senado la introducción de la utilización de los idiomas se hizo de forma paulatina, lo que permitió una adaptación lenta pero segura. Y es que habría que tener personal cualificado para la traducción de todos los escritos presentados que no sean en castellano así como para la interpretación simultánea de los representantes políticos que intervengan en catalán, euskera o gallego. Además no solo hay que elaborar un plan técnico para decidir cuántas personas son necesarias para desempeñar este trabajo sino convocar un concurso para su contratación y establecer unos presupuestos para los nuevos gastos.
Una propuesta que divide al Hemiciclo
Esta propuesta, que es viable pero se torna lenta, tiene en diferentes posiciones a los grupos políticos. Desde el PSOE apelan a la calma para la implementación de una medida que reconoce la pluralidad de nuestro país y que desde los partidos nacionalistas piden llevar a cabo desde ya. "Nadie debiera asustarnos. Una de las riquezas de nuestro país son las diferentes lenguas que tenemos y utilizar esas lenguas nos enriquece. Veamos la mejor forma de hacerlo también aquí en el Congreso", ha sostenido ante los medios el portavoz socialista, Patxi López, este jueves tras el pleno.
Pero fuentes socialistas sí muestran una cautela a la hora de implementar esta medida, que conlleva ciertas dificultades a la hora de organizar los debates parlamentarios y su ejecución técnica. "Hay que hacerlo poco a poco. No hay traductores ahora mismo. Esto tiene sus pasos", esgrimen antes de apuntar precisamente a que hay que impulsar concursos públicos para contratar al personal necesario. Aunque es un acuerdo con sello rojo, en Sumar han celebrado este punto en pro de "modernizar las instituciones" y "avanzar hacia un país que es plural".
La derecha, sin embargo, no está tan convencida. El PP prefiere esperar a cómo finalmente se va a llevar a cabo y se muestran cautos, aunque apelan a que no exista "problemas de comprensión" entre los diputados. La propia Cuca Gamarra ha intentado rebajar el acogimiento de esta novedad dentro del Hemiciclo asegurando que ya hay "un marco establecido" que permite la utilización del catalán, el gallego o el euskera. Todo mientras han criticado que algunos representantes utilizaran fórmulas distintas al "juro" o "prometo" en el acatamiento de la Constitución, como ha hecho también la ultraderecha de Vox.