Según ha podido saber ElPlural.com, el bufete de abogados en el que trabaja Rafael Catalá, exministro de Justicia y diputado del Partido Popular, participó en la defensa de Adif y Renfe en el accidente ferroviario del pasado 24 de julio de 2013, en el que murieron 80 personas y 144 resultaron heridas.
Además de prestar sus servicios como senior advisor en el bufete sin contar con la autorización necesaria del Congreso para compaginar sus funciones públicas y privadas, ominosas circunstancias unen el pasado de Rafael Catalá, Herbert Smith Frehills y el caso Alvia.
El fatídico accidente tuvo lugar cuando el dirigente popular ejercía como secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. Tal y como denunciaron Gabriel Rufián, diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Alexandra Fernández, homóloga en En Marea, en la comisión de investigación del caso el pasado enero, Catalá habría utilizado su poder para tratar de despejar el foco del debate de las responsabilidades de las empresas de alta velocidad a las que representaba el bufete al que actualmente pertenece.
ElPlural.com ha podido saber de primera mano que este despacho de abogados fue contratado por QBE, aseguradora de Renfe y Adif en el momento del accidente, como refuerzo para participar en la defensa de las operadoras ferroviarias implicadas en el siniestro.
Ya en su momento, desde su puesto como secretario de Fomento, alegó que el accidente no tenía nada que ver con la alta velocidad. Falta a la verdad que ahora le salpica, ya que Herbert Smith Frehills protege los intereses del tratado de alta velocidad entre España y la Meca. El actual cabeza de lista por Cuenca se enfrenta así a acusaciones de utilizar su poltrona particular para beneficiar los intereses clientelares del bufete de abogados al que a día de hoy asesora sin el consentimiento de la Cámara.
Jesús Domínguez, presidente de la Asociación de Víctimas del Alvia, ha comentado en declaraciones a ElPlural.com qué le parece la actuación de Catalá al frente de la secretaría de Infraestructuras: “Él presionó a Teresa Gómez Limón, dijo que mentía. Esta es la puerta giratoria de la vergüenza”, denuncia.
“Llegó a decir que no se trataba de alta velocidad para proteger los negocios del bufete. La propia Audiencia Provincial, el Boletín oficial del Estado y la Unión Europea desmintieron su premisa, haciendo evidente que a Catalá le preocupaban más los negocios que aclarar la verdad de lo sucedido”, nos cuenta Domínguez, antes de añadir que el actual diputado “ha recogido ahora los frutos de esa defensa a ultranza”. “80 muertos y 144 heridos que le dan igual. A él y a su partido, que luego lo premió haciéndolo ministro de Justicia”, se queja el presidente de la asociación.
"Hasta al menos el 6 de octubre, el bufete encargado era DAC Beachcroft, y desde, al menos, el 6 de noviembre de 2014, pasa a Herbert Smith Freehills", nos confirma Domínguez.
Denunciado por Gabriel Rufián y Alexandra Fernández
El pasado 21 de enero, en la comisión de investigación sobre el accidente del ferrocarril Alvia en Santiago de Compostela en 2013, que ocasionó 80 muertes y 144 heridos, Gabriel Rufián preguntó a Catalá sobre su papel como Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. El dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) aprovechó su intervención para preguntar al popular sobre las presiones ejercidas tanto al maquinista, al que trataron de echar toda la culpa de lo sucedido, como a Teresa Gómez Limón, excompañera de partido que denunció la coacción recibida para no culpar ni a la operadora Renfe ni Adif de lo sucedido.
Graves acusaciones que cobran sentido. Una puerta giratoria evidente en la que los intereses particulares de Catalá pudieron ir en contra de sus responsabilidades como secretario de Fomento. Esto al menos fue lo que ya denunció el representante de ERC que, tratando de unir los hilos, presiones y posteriores contrataciones dejó sobre el papel la relación bilateral de Catalá con lo sucedido. “Esto es una puerta giratoria como una casa de payés”, denunciaba el político.
Pero no sería el único que aprovecharía la comparecencia de Catalá para sacar a relucir el supuesto oscurantismo de sus decisiones. Alexandra Fernández, diputada por En Marea, también relacionó directamente al político popular con Adif. La diputada, además, aprovechó para decir a Catalá que seguro que le iría muy bien en la empresa privada, aunque, puntualizó, a costa de “cargar con 80 muertos”.
Trabajos privados sin declarar
Tal y como ha publicado este lunes en exclusiva ElPlural.com, Rafael Catalá no cuenta con la autorización necesaria para realizar los trabajos privados en los que ha ido recalando desde que se viera obligado a dejar el Gobierno tras la moción de censura a Mariano Rajoy.
Para poder compaginar la actividad privada con las funciones parlamentarias, Catalá debe contar con la autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses, la del Congreso de los Diputados y la ratificación parlamentaria de la misma. Un proceso necesario para todos aquellos diputados y senadores que quieran compaginar la labor pública con la esfera privada.
El exministro cuenta con cuatro trabajos y un folio en blanco en su declaración de actividades. A pesar de no cumplir con el proceso necesario para no caer en una incompatibilidad de funciones, Catalá trabaja como senior advisor del bufete de abogados Herbert Smith Frehills, es miembro del Patronato de la Fundación Atlético de Madrid y del Patronato de la Fundación Legálitas y como abogado del Colegio de Abogados de Madrid.
