Este lunes ElPlural.com ha desvelado en exclusiva que el exministro de Justicia y diputado del Partido Popular, Rafael Catalá, carece de la autorización del Congreso para realizar las actividades privadas que ha venido desarrollando desde que dejara el Gobierno de Mariano Rajoy con motivo de la moción de censura. Según ha podido saber este periódico, Catalá se saltó la formalidad en uno de los procesos: su consulta a los letrados del Congreso sobre sus actividades paralelas en el sector privado se redujo a una “consulta oral” con un letrado. En otras palabras, a una conversación.

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Así lo han confirmado desde el Partido Popular en el Congreso tras trascender que Catalá carece del permiso de la Cámara Baja. La normativa vigente establece la necesidad de una autorización formal por parte tanto de la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda, como de la Cámara Baja para poder compaginar su actividad como diputado con labores en el sector privado.

El PP admite que "no hay nada escrito" y que la consulta de Catalá a los letrados del Congreso fue "verbal"

Tal y como explicamos en ElPlural.com, Catalá recibió el ‘ok’ de la Oficina de Conflicto de Intereses, tras lo cual, solicitó en el Congreso el registro de sus actividades privadas: hasta cuatro puestos paralelos a su labor parlamentaria: es senior advisor del bufete inglés Herbert Smith Freehills. A esto suma su papel de miembro del Patronato de la Fundación Atlético de Madrid y del Patronato de la Fundación Legálitas. Tres puestos adicionales al que hay que añadir un cuarto, pues figura como abogado en ejercicio del Colegio de Abogados de Madrid.

Una vez registrada la solicitud, paso que sí dio el exministro, la Comisión del Estatuto debe decidir sobre ello y el fallo final debe ser votado por el pleno del Congreso. Y todo previo informe de los letrados.

En este sentido, el PP ha admitido a ElPlural.com que “no hay nada escrito”, ningún documento formal que acredite la consulta de Catalá a los letrados. De hecho, esta consulta solo se realizó de forma “verbal”. Según las fuentes consultadas, durante una conversación el letrado le aseguró que “no habría problema”.

Entre los documentos que el Partido Popular ha remitido a este diario figura la autorización de la Oficina de Conflicto de Intereses, fechado a 26 de noviembre. Asimismo, se incluye el registro de la solicitud para actualizar su declaración de Actividades, que a día de hoy continúa en blanco.