La tensa calma entre la alcaldesa Ana Botella y el presidente madrileño, Ignacio González, con motivo del liderazgo del PP regional tras la sucesión de Aguirre en la Comunidad de Madrid, se ha roto con el fuego cruzado entre ambas administraciones por la tragedia del Madrid Arena, en la que murieron cuatro jóvenes. El Ayuntamiento ha apuntado a un supuesto vacío legal sobre las macrofiestas, mientras el Gobierno autonómico ha pedido al Consistorio que no eluda sus responsabilidades.

Las cosas no estaban fáciles entre Botella y González desde que la alcaldesa dijera, tras el anuncio de Esperanza Aguirre de que dejaba la presidencia madrileña, que el PP de Madrid debía celebrar un congreso para elegir a su nuevo líder. La respuesta vino rápida desde el sucesor: “Tengo a todo el partido detrás”. La tragedia del Madrid Arena ha reabierto la guerra velada entre ambos políticos, podría decirse que, también, heredada de sus antecesores en sus puestos: era pública y notoria la riña permanente entre Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre.

Vacío legal sobre macrofiestas
Responsables municipales empezaron señalando un vacío legal en torno a las macrofiestas y argumentando que en la actual Ley de Espectáculos no se especifica en ningún texto legal aspectos como “la seguridad, los controles internos necesarios o los servicios médicos recomendables”. La propia alcaldesa aseguró que de la comisión de investigación que aceptó abrir, a petición de los socialistas, saldrían las recomendaciones de mejora de la normativa municipal, pero también autonómica y estatal. Una clara intención de repartir responsabilidades.

El comentario del número dos de González en Twitter
El consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, salió a responder al Ayuntamiento, en su cuenta de Twitter, el sábado: “Espero que se depuren responsabilidades a todos los que han violado la Ley de Espectáculos y sus estrictos requisitos”. La Comunidad de Madrid defiende que esta ley ya “establece estrictos requisitos de aforo, menores, objetos peligrosos, seguridad y control de accesos”, y que lo que hay que hacer “es cumplirla”.

La Ley de Espectáculos
Lo cierto es que la ley dice que son los “ayuntamientos quienes deberán efectuar la previa comprobación administrativa de que las instalaciones se ajustan al proyecto presentado para la obtención de la oportuna licencia” y que es el que debe “ejercer las funciones inspectoras que garanticen el cumplimiento de las normas reguladoras”. También fija como infracción muy grave “la tolerancia del consumo ilícito o tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, en locales, espectáculos o establecimientos” y “la superación del aforo máximo permitido cuando comporte un grave riesgo para la seguridad de personas o bienes”. La Ley de Espectáculos también considera una falta “grave” la “admisión o participación de menores en espectáculos, actividades y establecimientos donde tengan prohibida su entrada o participación”.

El Ayuntamiento contrató a Diviertt
Fue el Ayuntamiento de Madrid, que dirige Ana Botella, el que alquiló el Madrid Arena a los organizadores del concierto, la empresa Diviertt, S.L., que, según las últimas informaciones, no es precisamente una comnpañía modélica: tenía deudas con la Seguridad Social y Hacienda, varias órdenes de embargo y sanciones, y, para más inri, subcontrató para la seguridad del recinto a la empresa Kontrol 34, investigada por el Ministerio del Interior por narcotráfico y blanqueo, según El Mundo.

El concejal Calvo y el vicealcalde Villanueva
Según la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, de la que da cuenta La Gaceta, contra los responsables del evento en el Madrid Arena ante el Juzgado de Instrucción número 51 de Plaza de Castilla, es conocido el trato de favor al empresario Miguel Ángel Flores, dueño de Diviertt, S.L. por parte del concejal del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo, responsable de la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos, que contrató a Diviertt, S.L., y del vicealcalde madrileño, Miguel Ángel Villanueva.

La Gaceta reclama responsabilidades a Botella
Por cierto que el diario de Intereconomía apunta a la responsabilidad política de la alcaldesa Ana Botella, este lunes, en la columna de su director José Javier Esparza, quien reprocha al Ayuntamiento que eluda sus responsabilidades en esta tragedia. “’Es tan difícil decir la verdad como ocultarla’, sentenciaba Gracián. Ahora estamos ya en el capítulo siguiente, que es la elusión de responsabilidades políticas. Todo habría sido culpa de la empresa organizadora. ¿Y los concejales responsables? ‘Errar es humano, pero más lo es culpar de ello a otros’, decía nuevamente Gracián”.