El pasado viernes 15 de febrero, tras la reunión del Consejo de Ministros que decidió dar por concluida la legislatura socialista y convocar elecciones para el próximo 28 de abril, el PSOE gastó la última bala para llevar a cabo una de sus medidas estrella: la exhumación de Franco. En la orden firmada, se daba a la familia un plazo de 15 días para que señalara un nuevo lugar de inhumación alternativo a la cripta de la catedral de La Almudena, sitio que el Gobierno excluye por motivos de seguridad y de orden público. 

Sin embargo, la familia ha rechazado el ultimátum y ha destinado sus esfuerzos a paralizar la orden gubernamental llevándola a los tribunales. Y, al menos momentáneamente, lo ha conseguido. En un auto con fecha del 25 de febrero, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid paralizó el proyecto, suspendiendo el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que permitía seguir adelante con la exhumación de los restos del dictador.

José Yusti Bastarreche ha sido el juez firmante de la paralización del proyecto. En su auto, justifica su decisión alegando que en la autorización de la obra no se tiene en cuenta "el riesgo evidente de caída o rotura  y daño a las personas". Según el letrado, "no hace falta ser arquitecto, ingeniero ni maestro de obras para percatarse de ello". 

Un nuevo revés para los socialistas que ven cómo su legislatura ha llegado a su fin y, a dos meses de las elecciones generales, ha acabado su mandato sin poder hacer efectiva su promesa. En estos ocho meses, desde que el PSOE afirmara abiertamente sus intenciones, el Gobierno ha tenido que paliar con los intereses de la familia, que aboga por dejar su cuerpo en el propio Valle de los Caídos; la petición de traslado de los restos a La Almudena, capilla céntrica de Madrid que desembocaría en un problema mayor; la Iglesia, que se ha puesto de perfil durante todo el proceso; y los tribunales, que vuelven a advertir al Ejecutivo de que la implantación de la medida no será sencilla. 

La imparcialidad del juez, en tela de juicio

Yusti Bastarreche es conocido por ser abiertamente contrario a la Ley de Memoria Histórica. "Estrafalaria" era el adjetivo utilizado por el juez para definir la mencionada ley, que, en palabras del propio letrado, solo tenía como misión "conseguir que hasta los muertos sean de dos clases, buenos y malos". 

Pero no se quedó ahí, la dureza de sus descalificaciones es palpable a lo largo del artículo que escribió para la revista Aportes años atrás: "La verdad es que no sé muy bien si toda esta cuestión de la memoria histórica es una gran maldad de Zapatero y el social-nacionalismo o es una maniobra de gran habilidad", afirmaba el magistrado, antes de añadir que lo que la norma pretendía era representar "el resquemor, el ansia de venganza y el odio de los vencidos en la Guerra Civil en estado puro, sin mezcla de grandeza alguna, frente a los que la ganaron". 

Pero la carrera judicial de Yusti Bestarreche tiene escritos más capítulos. Desde sus insultos al equipo de Carmena, de los que dijo que no entendía cómo podían gobernar sin ni siquiera tener un "aspecto presentable", hasta sus escritos en el manifiesto de Libres e Iguales, una organización explícitamente "anticatalanista", en el que afirmaba -antes de culminar con un "¡Viva España!"-, estar dispuesto a servir en lo que hiciese falta para frenar al secesionismo. 

Una serie de actitudes que han invitado a los críticos a dudar de la idoneidad de Bastarreche para investigar, juzgar o paralizar la medida socialista.