La venta de 2.935 viviendas públicas, 3.084 garajes, 45 locales y 1.865 trasteros por parte del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) al fondo de inversión Goldman Sachs, en 2013, fue un proceso “trufado de irregularidades”, según la Fiscalía.

El Ministerio Público se pronuncia tras un esperado informe de Hacienda que debía investigar esta macroperación de 2013, cuando Ignacio González estaba al frente de la Comunidad de Madrid y Pablo Cavero era consejero de Vivienda, es decir máximo responsable del IVIMA en el momento de la venta.

Consejero vinculado a Goldman Sachs
La pertenencia de Pablo Cavero a la SICAV Bussola 99, gestionada por Goldman Sachs, llevó al juez que instruye esta causa en el Juzgado de Instrucción Número 48 de Madrid a pedir a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) investigar esas conexiones societarias.

La Fiscalía, sin embargo, sitúa como máximos responsables de las presuntas irregularidades en la venta a los exdirectores generales del IVIMA, Ana Gomendio y Juan Van-Halen. Éste último fue el que cerró la operación, que terminó ejecutando Gomendio. Ambos declararon en calidad de imputados y Van-Halen, que era en ese momento director general de Vivienda del Ministerio de Fomento, dimitió de su cargo.

En su declaración ante el juez, Juan Van-Halen "manifestó que la decisión de venta en tales condiciones le vino impuesta" desde estamentos superiores, pero sin concretar.

Prevaricación, malversación y fraude

En el informe del fiscal, Carlos García-Berro, al que ha tenido acceso El Plural, se pide que se juzguen posibles delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude por parte de Gomendio y Van-Halen. Hay “indicios de uso de artificio para la venta infraprecio" y la investigación apunta a una “imagen fiel y exacta de una conducta malversadora o defraudatoria", dice el escrito.


Vendidas por debajo de su valor
Las viviendas se vendieron muy por debajo de su valor, al ser incluidas en un lote y no ser ofrecidas de manera individual o por promociones. "No existe rastro documental de que se hubieran realizado estudios sobre cuál de las formas de enajenación hubiera sido más ventajosa para el sector público", dice el escrito de la Fiscalía.

La operación se hizo a medida del fondo de inversión Goldman Sachs y la entonces directora general del IVIMA, Ana Gomendio, pidió la autorización al Gobierno madrileño cuando "ya se estaba reuniendo con los representantes de los fondos de inversión".

El informe también señala la entrada en la operación, en el último momento, de Encasa Cibeles, cuando las viviendas habían sido adjudicadas a Azora Gestión, ambas participadas por Goldman Sachs. La maniobra se hizo a espaldas de la mesa de contratación, según el fiscal.

El Ministerio Público ha detectado irregularidades en el proceso de tasación de las 32 promociones de viviendas, que apunta a un “fraccionamiento de la contratación” para evitar el concurso público: hubo un primer pago de 19.659 euros a la empresa Sociedad de Tasación y otro a la misma firma por valor de 14.520 euros, dos meses después.

El informe de la Fiscalía llega después de uno anterior de Hacienda, muy esperado dadas las turbulencias que rodearon el nombramiento del perito para este caso. El primer inspector elegido por la Agencia Tributaria apareció vinculado a la SICAV Bussola 99 y, por tanto, a Goldman Sachs, como denunció El Plural.

"Situaciones patrimoniales anómalas"
El escrito de la Agencia Tributaria descarta que Ana Gomendio, Juan Van -Halen y Pablo Cavero se enriquecieran personalmente con esta operación. "Tras analizar con detalle la información disponible en la base de datos, no se ha detectado la existencia de relación económico-financiera" entre los exdirectores del IVIMA y Goldman Sachs

"No se han detectado ingresos de origen desconocido que pudieran poner de manifiesto la existencia de un enriquecimiento indebido derivado de su participación en esta operación de venta", dice el informe de Hacienda sobre Gomendio y Van-Halen.

Hacienda tampoco ve enriquecimiento en el exconsejero madrileño Pablo Cavero, a pesar de sus vínculos con Goldman Sachs a través de la SICAV Bussola 99. "No se obtienen indicios de que esta relación financiera haya supuesto un enriquecimiento indebido". Sin embargo, el fiscal apunta que en los datos analizados por Hacienda sobre Gomendio, Van-Halen y Cavero "pueden apreciarse situaciones patrimoniales anómalas".

Pablo Cavero
Según publicó El Plural hace más de un año, la pertenencia de Cavero a la SICAV Bussola 99 llevó al juez que instruye esta causa a pedir a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) investigar esas conexiones societarias.

Cavero fue nombrado consejero de Transporte, Infraestructuras y Vivienda en septiembre de 2012 por el entonces presidente madrileño Ignacio González. Ya había sido antes consejero de Transportes e Infraestructuras de Esperanza Aguirre. En junio de 2015, dejó su cargo autonómico para comenzar sus funciones como concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Un año después regresa a la actividad privada tras su breve tiempo de cuatro años y medio en política.

Según su declaración de bienes cuando era concejal, Pablo Cavero acumula un amplio patrimonio. En Bussola 99 posee 800.000 euros y en otra SICAV, Adaglia, 1.600.000 euros. Es propietario de la mitad de un piso en Madrid con un valor catastral de 473.000 euros y tiene participaciones en otras tres viviendas en Madrid, Navarra y Baleares, además de en una finca rústica.

Su cartera de valores incluye 4,6 millones de euros y 722.000 participaciones en la sociedad de inversiones Rentkatus SL. También posee dos planes de pensiones por valor de 400.000 euros.

Entre 1997 y 2008, Cavero fue directivo de Barclays, donde formó parte de su Comité de Dirección y de varios Consejos de Administración. Es hijo del político Íñigo Cavero y Lataillade, XI barón de Carondelet, exministro de Justicia y Educación con Adolfo Suárez. 

La decisión del juez tras el segundo informe de Hacienda
Fuentes de la acusación popular consultadas por El Plural, han explicado que el juez deberá decidir ahora si archiva el caso, lo que ven poco probable dados "los indicios de delitos señalados por la Fiscalía", o "dar traslado a las partes acusatorias para que presenten sus escritos". En esta causa están personados como acusación el PSOE, que presentó la querella inicial, la Asociación de Afectados por la Venta del IVIMA, la asociación Corruptil y otros afectados por la venta, a título particular.

Lo previsible, señalan las mismas fuentes, es que el juez espere un segundo informe de Hacienda "sobre el valor de las viviendas vendidas y si se ajustó a mercado".