La tercera entrega de la lista de morosos con la Agencia Tributaria (AEAT) -que incluye deudas por un montante total de 15.400 millones- ya está aquí. Un elenco que cuenta con personalidades como la familia Cotino, la ministra de Sanidad, Dolors Monserrat o Arturo Fernández. Este último está presente en el honorable catálogo a través de dos empresas: Arturo Servicios Generales S. L. y Arturo Grupo Cantoblanco S. L. Precisamente, Cantoblanco es la empresa adjudicataria que tantos dolores de cabeza está dando a Cristina Cifuentes ya que es la compañía por la que el juez Eloy Velasco y varios fiscales insisten en buscar pruebas incriminatorias contra la presidenta de la Comunidad de la Madrid.

Una empresa en el punto de mira por la caja B del PP

El día 16 de mayo de 2017 la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalaba a Cristina Cifuentes como potencial nueva rana de la charca devenida en cenagal en la Comunidad de Madrid. El informe redactado por agentes de la UCO vinculaba la presunta financiación ilegal del PP de Madrid con un contrato adjudicado al Grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández. Concretamente, la licitación se refiere a los servicios de restauración de la cafetería de la Asamblea de Madrid. Y es que, el empresario Arturo Fernández realizó varias donaciones a FUNDESCAM en las fechas próximas a las elecciones autonómicas de 2007.

El juez que instruye el caso Púnica, Eloy Velasco, rechazó la imputación de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, en unas grabaciones a las que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, se vuelve a vincular a Cristina Cifuentes con la adjudicación del contrato de la cafetería de la Asamblea al Grupo Cantoblanco. El juez y varios fiscales acorralaron a Arturo Fernández durante su interrogatorio buscando pruebas contra la actual presidenta de la Comunidad de Madrid.

El interrogatorio tuvo lugar el pasado 8 de marzo. En él, el juez pregunta a Arturo Fernández si conoce a Cifuentes, qué relación tenían y si fue ella quien le pidió que realizara donaciones a FUNDESCAM en las semanas previas a las autonómicas de 2007. Pero el magistrado chocó contra unas respuestas que no vinculaban a la presidenta de la Comunidad de Madrid con las transferencias.

Cristina Cifuentes presidió la Mesa de Contratación y formaba parte del comité de expertos de la licitación de explotación de la cafetería de la Asamblea. Un contrato que se adjudicó al Grupo Cantoblanco S. L. de Arturo Fernández, la empresa que ahora figura en la lista de morosos de la Agencia Tributaria y que debe 3.328.677,26.

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