El Ministerio de Defensa es, hoy por hoy, cómplice pasivo de los desaguisados protagonizados por la empresa Proman en el Museo del Ejército de Toledo, donde en octubre de 2014 se hizo con el servicio de conserjería (“auxiliares de servicio y control”) y entró en el centro museístico ubicado en el emblemático edificio de El Alcázar como elefante en cacharrería. “Nos despidieron a los 33 trabajadores porque se negaron a subrogar los contratos existentes con la anterior empresa concesionaria, Ombuds Servicios”, nos dice uno de los afectados, en el paro desde entonces y que junto a sus compañeros llevaron el caso ante los tribunales, cuyo juicio se celebrará el próximo 5 de noviembre, tras ser suspendida la primera convocatoria por una “repentina gastroenteritis” del abogado de la empresa que, incluso, fue llamado al orden por el magistrado encargado de instruir la causa.

Relacionada con la supuesta corrupción en Defensa
Empresa que junto a otras doce compañías ha sido imputada por el Juzgado Togado Militar Central número 2 por cohecho al ser una de las contratistas del Ministerio de Defensa que dirige Pedro Morenés al que Proman incompresiblemente continúa todavía prestando servicios. Proman, según investigaciones de la Guardia Civil, tuvo relación directa con los tenientes coroneles C.P.R. y E.R.R., encargados de repartir el pastel millonario entre trece empresas y que fueron detenidos y encarcelados el pasado 28 de abril. Uno de los mandos militares (E.R.R.) admitió ante el togado castrense haber recibido contraprestaciones por “asesorar” a las empresas concesionarias. Obsequios que iban desde dinero en metálico, a entradas para los toros, pasando por regalos de relojes de alta gama, etc. Tanto es así, que en un control de vigilancia policial al que estaban sometidos, a la salida de un restaurante donde los tenientes coroneles habían comido con directivos de Proman, encontraron a uno de ellos dos sobres con 2.000 euros cada uno (4.000€).

Sueldos miserables para los 33 despedidos
Pero mientras que Proman supuestamente pagaba mordidas a los citados militares (dos de sus directivos, A.C.A. y L.B.M. fueron detenidos el pasado mayo, pero puestos en libertad tras prestar declaración) y contrataba a un hijo de uno de ellos con una nómina de infarto (no sabemos si continúa en la empresa), los 33 trabajadores despedidos eran sometidos a una vejación salarial propia de un estado bananero de semiesclavitud, al ofrecerles 600 euros al mes, doscientos menos que con la anterior empresa, bajo amenaza cumplida de despedir a todo aquel que no pasará por el aro salarial impuesto por esta empresa, que se hizo con el servicio al ofertar a Defensa 5,20 euros por trabajador y hora, cuando el resto de firmas superaban los 8,40 euros. “Claro, con esos precios temerarios el Ministerio concedió a Proman la concesión”, añaden nuestras fuentes, para seguidamente sentenciar: “¿Qué diga alguien quién gana en España o en Europa 1,20 euros la hora extraordinaria, que, además, no nos la pagaban?”.

“Alfonso murió del disgusto”
Estas 33 familias, en el paro desde hace meses y con prestaciones medias de 500 euros, han decidido luchar hasta el final contra Proman, adjudicataria de 70 contratos más con Defensa, y demostrar a la sociedad que la Administración no siempre cumple con el principio de transparencia y honradez. Además, se lo deben a Alfonso, “un compañero de 57 años de edad, soltero y que murió del disgusto, por mucho que nos digan que su fallecimiento fue a consecuencia de un infarto de miocardio, pero ¿por qué tuvo el infarto?”, agregan, “Alfonso no podía más, le habían cortado la luz, no tenía para comer… estaba pasando por una situación inhumana y consentida por el Ministerio de Defensa, que todavía al día de hoy mantiene la concesión con esta empresa”.

El chivatazo de la empresa de seguridad
Y es que algunas empresas que prestan sus servicios al Museo del Ejército de Toledo han llevado con sus opacas acciones al centro museístico a parecerse, y mucho, a la Cueva de Alí Babá. Por qué si no cómo se explica que la compañía encargada de la seguridad del museo también esté implicada en la red de las supuestas mordidas dirigida por estos dos mandos castrenses. No podemos dejar pasar de largo que el escándalo es destapado por un chivatazo de un directivo de Seguridad Integral Canaria, encargada de la custodia y vigilancia de los más de 35.000 depósitos que alberga el Museo del Ejército. Responsable de la empresa que “cantó” ante el Ministerio, no sabemos si porque el juez le pisaba los talones o por voluntad propia. El caso es que ese anónimo ejecutivo de Seguridad Integral Canaria denunció que los citados tenientes coroneles le habían exigido una cuota mensual por la “contratación de su empresa con el Ministerio de Defensa” y aportó la grabación de una comida con ambos mandos. Eso sí, al final la contrataron.

El nudo gordiano de las mordidas
Aquí no queda la cosa. ¡Qué va! Castilla-La Mancha ha sido sede inequívoca de este nudo gordiano de las supuestas mordidas, puesto que a las empresas referidas también habría que añadir Ucalsa, TRC Informática SL y Tecnove SL. Si bien esta última sólo forma parte de las trece compañías imputadas por el togado castrense, pero las dos primeras vuelven a tener cierta relación polémica con la Administración. Ucalsa (Unión Castellana de Alimentación), con sede en la región, transfirió a uno de los tenientes coroneles 20.000 euros, según su propia confesión. Una empresa que no es la primera vez que aparece en los medios rodeada de polémica y salpicada por numerosos escándalos, como cuando fue señalada por proporcionar supuestamente alimentos caducados a las tropas españolas en Afganistán, o denunciada por haber empleado a inmigrantes ilegales para servir la comida a los soldados en la base española de Diwaniya durante la guerra de Irak, o por ser anulado su servicio de comida a domicilio en varias localidades, cuyos ayuntamientos recogieron numerosas denuncias. Y lo más chocante de todo, otra de las empresas imputadas por Defensa fue concesionaria el pasado 25 de junio, una semana antes de que María Dolores Cospedal abandonara la presidencia del Gobierno castellano-manchego, de un contrato millonario en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), sabiendo como sabía el Ministerio de Industria, organismo adjudicador, que TRC Informática SL estaba bajo sospecha de Defensa (ver contrato).

El escándalo llegó al Congreso de los Diputados
La barbaridad llevada a cabo por Proman en el Museo del Ejército no dejó a nadie indiferente; bueno a casi nadie, porque el Ministerio de Defensa se lavó las manos y no quiso saber nada del asunto. A principio de año el diputado nacional del PSOE por Toledo, Alejandro Alonso, preguntaba al ministro Morenés si era consciente de la situación de esas 33 familias despedidas sin miramientos y “maltratadas”, como señalaba también en su momento el actual concejal del ayuntamiento capitalino Javier Mateo, quien acusó al Ministerio de ser “cómplice y permitir las deplorables condiciones laborales de las empresas adjudicatarias de los servicios privatizados”, denunció el líder de Ganemos Toledo. Pues bien, esta fue la respuesta del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes al parlamentario socialista (ver documento).