El empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor del 'caso Koldo', ha protagonizado este miércoles un surrealista momento al irrumpir en la sala de conferencias del Hotel Novotel de Madrid, donde Leire Díez, la presunta 'fontanera del PSOE' contra la 'UCO patriótica', se encontraba dando explicaciones sobre su salida del partido y su situación personal. El empresario ha irrumpido al grito de "sinvergüenza" y "fontanera" en el salón, provocando un caos que los periodistas han sentido de primera mano. En medio de toda esa vorágine, el excarcelado provisional ha trasladado su deseo de que caiga el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y alcance La Moncloa el líder de la oposición y del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo. "Esperemos, por el bien de España y de todos los españoles, que así sea”, le respondió el conseguidor a un periodista que le ha preguntado si esto supondrá el fin del Gobierno de Sánchez. "A ver si ya de una vez la oposición y el señor Feijóo hacen lo que tienen que hacer y nos sacan a este Gobierno y de este caos en el que estamos", agregó. Cabe recordar que este empresario que pide el voto para el líder del PP está acusado de numerosos delitos por el Tribunal Supremo y por la Audiencia Nacional.
Según documentos a los que ha podido acceder ElPlural.com, sobre él pesa un auto del Tribunal Supremo a cargo del juez Leopoldo Puente Segura, fechado el 16 de diciembre de 2024. En él, se le acusa de delitos por integración en organización criminal (artículo 570 bis del Código Penal), tráfico de influencias (artículo 429) y cohecho (artículo 424 en relación con el 419).
En la Audiencia Nacional, por otro lado, tiene dos disposiciones sobre él: la primera, un auto del juez Ismael Moreno Chamarro, del 22 de febrero de 2024, en el que está acusado de pertenencia a organización criminal (artículo 570 bis del Código Penal), de blanqueo de capitales (artículo 301), cohecho (419 y 424), tráfico de influencias (429), delito contra la Hacienda Pública (305) y tenencia ilícita de armas. La segunda, del juez instructor Santiago J. Pedraz Gómez, del 10 de octubre de 2024, le acusa también de pertenencia a organización criminal (570 bis), delito contra la Hacienda Pública (305) y blanqueo de capitales (301).
El Ayuntamiento de Madrid, uno de sus nichos
Además de las ramificaciones del 'caso Koldo', Aldama también habría encontrado en el Ayuntamiento de Madrid, especialmente durante los años de mandato de Ana Botella, un nicho en el que moverse "como Pedro por su casa".
El comisionista habría hecho un negocio redondo con el beneplácito de Cibeles y vulnerando la normativa legal, según publicó hace dos semanas elDiario.es. El equipo de gobierno actual, con José Luis Martínez Almeida, como máximo exponente, habría tardado, según la versión oficial del equipo municipal, hasta cuatro años en darse cuenta de esto y poder penalizarlo.
Los hechos tienen que ver con alquiler a un tercero sin autorización municipal previa la explotación de dos restaurantes que en 2013 se habían adjudicado a dedo a la entonces empresa de Aldama, Businesscity S.L. Con el alquiler de unos espacios, que además son de carácter público, habría obtenido unas ganancias de 150.000 euros: mientras él pagaba al Consistorio 90.000 euros por las parcelas, realquilaba la concesión por 240.000.
Desde 2021, la gestión de los restaurantes estuvo en manos de terceros, y no fue hasta cuatro años más tarde, en 2025, cuando el Ayuntamiento se percata de lo ocurrido y empieza a recibir peticiones de información sobre la concesión de los dos restaurantes. Dicho permiso lleva la firma de José Antonio González de la Rosa, concejal que después se convertiría en socio transitorio de Aldama por medio de otra compañía privada: Crisis Resolution SL. Así, el empresario corrupto incumplió la normativa desde, al menos, 2021 para embolsarse 150.000 euros anuales a expensas del Ayuntamiento de Madrid.
Denuncias de Aldama archivadas por falta de pruebas
A su vez, el empresario quiso hacer pasar por los tribunales a una retahíla de nombres para engordar el 'caso Koldo', pero Anticorrupción decidió archivarlas al no haber ido aquellas denuncias acompañadas de las pruebas necesarias para cimentar su credibilidad.
La falta de veracidad y la ausencia de pruebas válidas sentenciaron las denuncias del empresario contra la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y contra la ministra de Hacienda y número dos del Gobierno, María Jesús Montero, entre otras personas. Aquellas aventuras legales se basaban en documentación falsa, como extractos bancarios manifiestamente manipulados. A posteriori, el Tribunal Supremo también desestimó estas acusaciones por "absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado".
Otra de las denuncias archivadas por Anticorrupción fue trasladada al Tribunal Supremo por la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', impulsada por el Partido Popular. Este escrito, redactado por el abogado Eduardo Martín-Duarte, incluía un listado de supuestas cuentas bancarias de otros miembros del PSOE y del Gobierno, como Teresa Ribera, Ángel Víctor Torres y Santos Cerdán. Sin embargo, al igual que la anterior, fue rechazada de plano por la Fiscalía Anticorrupción por falta de pruebas y por contener información falsa, como titulares de prensa y documentos sin valor probatorio.
La "única fuente" de la denuncia, según reprocharon los jueces encargados de su atención, eran declaraciones del propio Víctor de Aldama sin más apoyo que una lista falsa de cuentas bancarias.
