La defensa de los afectados por la venta de 2.935 viviendas sociales del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) en 2013 al fondo de inversión Goldman Sachs ha denunciado que “la Administración está retrasando los procedimientos” y “obstruyendo la práctica de las pruebas” y teme que se intente dar carpetazo a esta causa. 

En declaraciones a ELPLURAL.COM, Miguel Muga, uno de los encargados de la defensa de la Asociación de Afectados por esta macrooperación inmobiliaria, explica que trabajan con “la amenaza de que el juez archive el caso” y recuerda que en julio próximo vence los 18 meses de prórroga solicitada por el fiscal de esta causa, instruida en 2014.

"El fiscal sí está investigando de verdad"

“El fiscal Carlos García Berro Montilla, que ha demostrado que sí está investigando de verdad, apoyó que declararan como investigados los exgerentes del IVIMA, Juan Van-Halen, y Ana Gomendio”, recuerda el letrado.

Van Halen inició la operación inmobiliaria y Gomendio, que le relevó en la gerencia del IVIMA, la concluyó. El primero, nombrado en 2014 con el primer Gobierno de Rajoy, director general de Arquitectura de Fomento, se vio obligado a dimitir tras ser imputado en este caso.

Las interconexiones empresariales
Según afirma Muga, el fiscal ha pedido un informe de la ONIF sobre la vinculación y relaciones empresariales tras esta operación, en particular, entre Bussola 99 sicav, S.A., Azora Gestión, Encasa Cibeles y Goldman Sachs. Además, ha solicitado un informe de tasación de los inmuebles vendidos al Cuerpo de Arquitectos Superiores de Hacienda, para comprobar si hubo malversación al reducir el precio de venta de los pisos.

El perito
El letrado se queja de que aún no se les ha comunicado el nombre del perito de Hacienda nombrado para investigar en la causa.

La Agencia Tributaria optó por ocultar el nombre del perito después de que ELPLURAL.COM desvelara que el primer inspector que nombró, Antonio Laquidain Hergueta, tenía vínculos empresariales con el fondo de inversión que adquirió las viviendas. Según ha podido saber este diario de fuentes fidedignas, la segunda apuesta de Hacienda es María Milagros Gutiérrez Estébanez, que es la perito incorporada finalmente a esta causa.

“Desde enero de 2016 se pidió el nombramiento de peritos. Hubo que esperar un año para su designación. No entendemos que se haya tardado tanto”, lamenta Muga.

En Contratación no sabían que se usaría una instrumental
Hasta el momento, han declarado como imputados los exgerentes del IVIMA, Van-Halem y Gomendio, y como testigos, el empresario Fernando Gumuzio, dueño de Azora, y  los cuatro miembros de la mesa de contratación que, en primer término, dieron el visto bueno a la operación de venta.

Según destaca Miguel Muga, “en sus declaraciones, ninguno de los miembros de la mesa de contratación se explicaba cómo había surgido el documento sobre Encasa Cibeles”, la instrumental usada por Goldman Sachs y Azora para formalizar la compra. Una empresa constituida con un capital social de sólo 3.000 euros.

¿Cómo llegó el papel al expediente?
“Los miembros de la mesa de contratación dijeron que no tenían conocimiento de que se usara una empresa vehicular. Ninguno sabía cómo había llegado ese papel al expediente administrativo. Uno de los testigos reconoció que si hubiera visto ese documento, no lo habría permitido. En los pliegos de contratación no queda claro que se pueda constituir una empresa vehicular”, afirma el abogado.