La comisión de investigación en el Ayuntamiento de Madrid sobre la sociedad Madrid Calle 30 ha concluido que las obras de ejecución de la M30 "fueron totalmente ilegales", como sentenció el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Todos los Grupos municipales, con la excepción del Partido Popular, consideran que lo que pretendió el Gobierno municipal del entonces alcalde Alberto Ruiz-Gallardón era acabar los trabajos sobre esta carretera antes de las elecciones de 2007. La comisión señala al entonces alcalde madrileño como "responsable de un modelo de gestión lesivo e ineficiente" que consideran como "totalmente ruinoso para las arcas municipales", con un coste de 597.343.885 euros.
La comisión recomienda la cuantificación del perjuicio provocado por las irregularidades en estas obras, que podrían haber tenido un sobrecoste de más de 9.400 millones de euros.
Gestión municipal
Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos ofrecen varias recomendaciones que deberán ser asumidas por el Gobierno de Manuela Carmena, que pasan por remunicipalizar la sociedad Madrid Calle 30, realizar los trámites para licitar un nuevo contrato de conservación de la estructura y subrogar a la plantilla de esta sociedad.
Según explica la web del Ayuntamiento, el dictamen de la Comisión "insta a que se elabore una completa auditoría de las certificaciones de obra, así como una auditoría ambiental. Recomienda, además, que se inicien los trámites necesarios para que el coste de la factura de la luz recaiga en el socio privado y que se regulen las condiciones del acceso a la licitación de las empresas vinculadas con el socio privado. También pide que el personal de dirección de la empresa Madrid Calle 30 sea designado por el Ayuntamiento y no por las empresas privadas; y que se cuantifique el perjuicio, en términos económicos, que se haya producido en el erario público municipal como consecuencia de las irregularidades detectadas desde que comenzó la obra de soterramiento".
