En su resolución, la sala de lo Contencioso-Administrativo justifica su decisión en que la orden ministerial que lo regula es un reglamento y que, por tanto, su aprobación requería determinados trámites (la elaboración de una memoria justificativa y de otra económica, así como un dictamen del Consejo de Estado) que no se realizaron.
La Audiencia considera que la orden está afectada de lo que jurídicamente denomina “vicio radical”, aunque rechaza “por falta de competencia” la pretensión de los recurrentes, entre ellos la Asociación de Internautas, de que se devuelva lo recaudado por el canon. El objeto de la orden ministerial sobre el canon digital, aprobada en junio de 2008, era compensar a los autores por los ingresos de dejan de percibir cuando se hace una copia de su obra, y por eso grava los soportes que pueden almacenar cualquier contenido.
Los recurrentes alegaban que la orden vulneraba la Ley de Propiedad Intelectual
Los recurrentes argumentan que la orden vulnera la Constitución y la Ley de Propiedad Intelectual, y sostienen que el canon daña principios como el de igualdad ante la ley, la libertad de empresa, el libre acceso a la cultura y la ciencia o la defensa de los intereses de las organizaciones profesionales.
El Tribunal de Justicia de la UE dictaminó el pasado octubre que el sistema aplicado en España “no era conforme” al derecho de la UE en el supuesto de que los soportes de reproducción sean adquiridos por empresas o profesionales para fines distintos a la copia privada, aunque reconocía su legalidad en el caso de los particulares con independencia del uso que den a estos artículos.
La Audiencia de Barcelona fue la primera en aplicar la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE y, el pasado 3 de marzo, dictaminó que la tienda de informática Padawan estaba exenta de reclamar el gravamen que le exigía la SGAE por la venta de soportes digitales.
La nueva regulación sigue en estudio
Para adaptarse al derecho comunitario, el Gobierno está estudiando una reforma de la regulación del canon digital con el objetivo de tener lista esta revisión en el plazo de tres meses. De hecho, desde mediados de enero, dos grupos de trabajo, uno centrado en derechos reprográficos y otro en derechos audiovisuales y fonográficos, buscan posibles soluciones para adecuar el canon digital a la normativa comunitaria.
La Asociación Española de Internautas ha aplaudido la decisión de la Audiencia. Su presidente, Víctor Domingo, ha señalado que “se ha reconocido lo que llevamos tres años pidiendo. Ahora sólo le queda a la ministra de Cultura y al Ministerio de Industria mover ficha”.
