La Audiencia Nacional de Sevilla ha desestimado el recurso presentado por la defensa del ex líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, contra el auto de procesamiento por presunto fraude de subvenciones, apropiación indebida y delito contable, en el que también se ven implicados sus ex socios Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros. 

Ante la última resolución del Tribunal, y sin vuelta atrás, el que fue diputado autonómico de Vox se sentará ahora en los banquillos. La Sección Séptima de la Audiencia estimó el recurso presentado por Serrano contra un auto emitido en enero de 2023 por el Juzgado de Instrucción número 16. El ex líder de Vox alegaba en el recurso haber sido “víctima de las estrategias delictivas” en un posible fraude fiscal con el préstamo concedido de casi 2,5 millones de euros.

Ante esto, la Sección Séptima considera que cuando Serrano dimitió de su cargo en la empresa Proyectos e Inversiones Serralba, beneficiaria del dinero público defraudado a principios de 2017, ya “se había dispuesto del dinero procedente del préstamo”. 

La cuantía del préstamo, que asciende a los 2.489.000 euros, iba íntegramente destinada a la construcción de ‘Biowood Niebla’, una fábrica de pellets en Niebla en 2016. Se solicitó en el programa de ayudas para Actuaciones de Reindustrialización (Reindus) que convoca el Ministerio de Industria, Energía y Tursimo, y que establece que, para empresas de reciente creación, el importe máximo no puede ser mayor del triple del capital social. 

No obstante, según la instrucción del caso, de estos casi 2 millones y medio de euros, se destinaron 200.000 euros a “un cliente de Serrano Abogados que estaba necesitado de financiación y a quién Biowood decidió hacer un préstamo con los fondos”, y otros 1,3 millones estuvieron destinados a un fondo de inversión, junto con otros préstamos al periódico XYZ de Serrano. En este sentido, el juez instructor señaló que de la cuantía total del préstamo concedido, “solo es acorde con el proyecto la cifra de 544.316 euros”.

Con esto, los jueces que en 2023 iniciaron el procesamiento de Serrano, Pelegrín y Ballesteros, alegaron que “la mayor parte del dinero procedente del préstamo se habría destinado indiciariamente para fondos de inversión, para el proyecto de otra entidad en la nada despreciable suma de un millón de euros, y para otras finalidades desconocidas”. 

Dos años después de que se abriera la investigación, el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, denunció los hechos ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Seis meses después de la denuncia, la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Sevilla presentó en junio de 2023 un informe en el que se atribuyen a los acusados un delito de estafa y dos delitos de fraude de subvenciones. Al conpcerse la desestimación del recurso, el secretario de Facua ha publicado a través de su cuenta de Twitter que, como acusación particular, solicita "hasta 10 años de cárcel y una multa de 10 millones".

Por esto, el Ministerio Público solicitó una condena de seis años de prisión y una multa de 5.400 euros para los tres, además de otra condena de cuatro años de prisión y multa de 7.467.000 euros por cada delito, en caso de que los hechos fueran finalmente considerados como fraude de subvenciones. Al margen de esto, desde la Fiscalía solicitaron a los tres acusados la indemnización al Ministerio de Industria con los 2.489.000 euros correspondientes al préstamo y ocho años de cárcel para el exjuez Serrano.

Tras el rechazo del recurso, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha dado luz verde al auto de continuación de las actuaciones por el trámite del caso.